Recorte al Ministerio Público genera rechazo de parlamentarios: “La seguridad no puede ser prioridad secundaria”
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados piden reponer recursos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
La Moneda
El Gobierno decidió una reducción de $7.064 millones en el presupuesto del Ministerio Público para 2025, una medida que ha generado fuertes críticas por parte de parlamentarios, especialmente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta decisión se enmarca en una rebaja preventiva de $544.000 millones del gasto público en distintas áreas durante los primeros días de enero.
Áreas afectadas por el recorte
Según informó El Mercurio, el ajuste presupuestario impactará en tres áreas clave del Ministerio Público:
- Persecución del crimen organizado y delitos de alta complejidad, limitando la capacidad de contratar fiscales y personal especializado.
- Bienes y servicios de consumo, lo que afecta operativos básicos.
- Adquisición de activos no financieros, esenciales para equipamiento como cámaras de vigilancia y chalecos antibalas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, justificó la medida argumentando que los ajustes preventivos buscan cumplir las metas fiscales del año y serán revisados en abril tras la publicación del Informe de Finanzas Públicas.
Reacciones desde la oposición
El diputado Andrés Longton (RN) fue particularmente crítico: “Es un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento en que enfrentamos una ola de violencia sin precedentes. Este recorte contradice los compromisos asumidos en la Ley de Presupuestos”. Además, anunció que citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para explicar esta decisión.
En la misma línea, Henry Leal (UDI) calificó de “insólito” el recorte, afirmando que las prioridades del Gobierno no están alineadas con las necesidades del país: “El Presidente Boric debe entender que la seguridad es la prioridad, y recortar recursos a esta institución es inaceptable”.
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El diputado Cristián Araya (Republicano) denunció que mientras se reducen los presupuestos para seguridad, “los recursos se destinan a operadores políticos”. También criticó el gasto excesivo en funcionarios públicos, argumentando que “Chile cuenta con un millón de funcionarios, lo que no es sostenible ni justificable”.
Llamado a reponer fondos
Desde la oposición y oficialismo surgieron propuestas para revisar y revertir el recorte. El diputado Raúl Leiva (PS) pidió extender la excepción de recortes, aplicada a áreas como salud y seguridad, también al Ministerio Público. “Es crucial que estas instituciones, esenciales en la persecución del crimen organizado, no sufran disminuciones presupuestarias”, sostuvo.
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