Sergio Bravo, experto en seguridad pública: “El nivel de violencia criminal, que solo veíamos en otros países, ha traspasado nuestras fronteras”
El ex PDI se refirió, entre otras cosas, a los beneficios carcelarios como visitas, visitas conyugales y videollamadas a reos, que pretende otorgar el juez Daniel Urrutia.
El Juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, pretende otorgar beneficios carcelarios como visitas, visitas conyugales y videollamadas a reos, recluidos en la Unidad de Alta Seguridad.
Un recurso para intentar revertir la resolución, fue presentado por Gendarmería de Chile, el que fue rechazado por el mismo juez, siendo finalmente la Corte de Apelaciones, quien deberá pronunciarse sobre el recurso interpuesto por esa Institución con el apoyo del Ministerio Público.
Para Sergio Bravo, ex PDI y experto en seguridad pública “el nivel de violencia criminal, que solo veíamos en otros países, ha traspasado nuestras fronteras, avanzando como una epidemia, a diferentes regiones. Solo basta leer, escuchar o ver las noticias de la “crónica policial”, para que nos demos cuenta de que bandas delictuales muy peligrosas u organizaciones criminales como el “Tren de Aragua”, “Los Pulpos” y “Los Espartanos” y “Los Maras”, ya están operando en nuestro país.
El año 2023 terminó con cifras negras delictualmente hablando, 9 asesinatos en la navidad, prólogo de cómo comenzaría este 2024, 6 en el año nuevo y la mayoría con armas de fuego.
Bravo señala que “es imposible normalizar o que se haga costumbre el hecho de que cuerpos sean encontrados prácticamente en la vía pública o tirados cual bulto de basura u objetos desechables”.
En algunas poblaciones, barrios y calles de Santiago Centro, se ven zapatillas acordonadas y colgando de los cables de corriente que cruzan las calles, lo que internacionalmente es interpretado como demarcación de lugares en los que se trafica droga o una forma de delimitar los territorios entre bandas de delincuentes rivales. A lo anterior, se suma el actuar de bandas delictivas desde las cárceles de Chile, cometiendo estafas telefónicas y la cantidad de celulares encontrados en diferentes allanamientos efectuados al interior de las cárceles.
El accionar de las bandas y organizaciones criminales, se intenta controlar y frenar, con un trabajo arduo de las instituciones policiales y medidas legales como la internación en módulos de alta seguridad.
El ex PDI es enfático en señalar que “está en contra de que, a los reos de alta peligrosidad, se les otorguen beneficios como el dictaminado por el Juez Daniel Urrutia, por muy concordantes a las atribuciones de la envestidura de su cargo, las decisiones deben ser conscientes del daño que generan a quienes han sido víctimas de este tipo de delincuentes y organizaciones criminales. Puede haber un criterio objetivo y ajustado a la norma, pero está lejos de la realidad actual que vive nuestro país en manos del crimen organizado”.
El experto agrega que “es lamentable que no todos estén dispuestos a sumarse a esta titánica tarea y que empujen en sentido contrario, sin que dimensionen las consecuencias adversas, de una muy mala decisión”.
Finalmente, Bravo concluye que “resulta imposible encontrar una justificación para la decisión del juez del 7° juzgado de garantía, ni por muy ingenuo que se pueda ser. Si hubo amenazas, estas debieron ser comunicadas o denunciadas al momento de ocurrir. A quienes le dio el beneficio, son delincuentes peligrosos, no víctimas como él juez los quiere hacer ver. La esperanza ahora está en el pronunciamiento de la corte de apelaciones de Santiago”.
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