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Las nuevas denuncias que complican al alcalde de Rancagua: acusan una diferencia presupuestaria de más de $400 millones

Cuatro concejales de la comuna presentaron tres denuncias ante la Contraloría General de la República. Piden que pronuncie sobre una serie de tratos directos, una eventual irregularidad en una adquisición de terreno y sobre una diferencia presupuestaria de más de $400.000.000 en una licitación.

Las nuevas denuncias que complican al alcalde de Rancagua: acusan una diferencia presupuestaria de más de $400 millones

Las nuevas denuncias que complican al alcalde de Rancagua: acusan una diferencia presupuestaria de más de $400 millones / Hans Scott

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A finales diciembre de 2022, en vísperas de navidad, la Contraloría General de la república emitió el informe final a una auditoría realizada al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy (PS), luego de una denuncia hecha al ente control por cuatro concejales de la comuna, donde se pedía revisar la utilización de fondos públicos en la contratación de personal y a la adquisición de servicios y bienes por parte de la Corporación Municipal.

En la revisión, la Contraloría advirtió una serie de irregularidades, como tratos directos, multas no aplicadas, pagos por servicios no ejecutados, pagos en exceso y adjudicación de licitaciones no ajustadas a la normativa.

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Esto dio a paso que el fiscal de Alta Complejidad de la Región de O’Higgins, Nicolás Núñez, tomara los antecedentes y abriera una causa en contra del edil de la comuna de Rancagua por el posible delito de corrupción. Todo derivó en una investigación y allanamientos en 10 domicilios de manera simultánea en la ciudad y en Machalí, incluidos domicilio y oficina del alcalde imputado.

En el allanamiento al jefe comunal, se incautaron celulares, computadores y $5.8 millones que mantenía en efectivo en su domicilio, al interior de su oficina se encontraron $1.2 millones, también en efectivo.

En la auditoría realizada por la Contraloría se detectó que, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, se efectuaron contratos directos sin ser acreditados por montos que suman $316.8 millones y de tratos directos sin cotización previa por $2 mil millones. Además, se detectaron pagos por $10.8 millones por servicios que no se ejecutaron, pagos en exceso por $29.8 millones en otros servicios, y no se aplicaron multas por más de $71 millones a dos proyectos. También, entre enero de 2020 y julio de 2021, se pagaron un total de $45.2 millones a seis trabajadores sin ser acreditados.

Tres nuevas denuncias

El viernes 19 de enero, los concejales de Rancagua, Emerson Avendaño (Ind), Valentina Cáceres (Ind), María del Carmen Orueta (RN) y Hugo Guzmán (PS) presentaron tres denuncias ante la Contraloría General de la República.

En los textos, a los que tuvo acceso ADN.cl, los concejales piden al ente contralor pronunciarse sobre una serie de tratos directos, una eventual irregularidad en una adquisición y sobre una diferencia presupuestaria de más de $400.000.000 en una licitación. Denuncias sumamente parecidas a las realizadas anteriormente.

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Tratos directos

La primera denuncia es sobre una serie de tratos directos que ha realizado la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua (Cormun) con la empresa Inversiones Santa Elena. Los concejales denuncian que dicha empresa se ha adjudicado una serie de obras a pesar de tener antecedentes por no concluirlas en el plazo estimado.

En esa línea, la denuncia enfatiza en que “los trabajos, en especial la Loza del Cementerio N° 1 y las mejoras de infraestructuras del Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins, a la fecha se encuentran inconclusos y mal ejecutados, donde se han extraviado los libros de obra, donde no se han aplicado las multas respectivas ni exigido el fiel cumplimiento de los trabajos contratados”. Ambas licitaciones se adjudicaron por más de $200 millones, según evidencia el documento.

El mismo texto detalla otras licitaciones adjudicadas por Santa Elena, como la reparación de algunos establecimientos educacionales por un total de $43,3 millones en octubre de 2022 y la reparación de una filtración de agua por un monto de $1,7 millones en noviembre de 2022.

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Cabe destacar que todas estas licitaciones fueron adjudicadas por trato directo, según el artículo 10, numeral 3 del Reglamento de Ley de Compras Públicas. Dicha ley señala que “el trato directo es un procedimiento particular, ya que solo procede cuando no es posible realizar la adquisición a través de alguno de los convenios marco vigentes”. Además, el reglamento establece que “procederá el trato o contratación directa en casos de emergencia, urgencia o imprevisto (...) sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente”.

Lo que evidenciamos es un modo de operar donde se utiliza el trato directo para justificar la contratación con determinadas empresas que se reiteran a través del tiempo que se caracteriza además por no terminar las obras”, señaló la concejala Valentina Cáceres a ADN.cl.

También, se refirió a la denuncia el concejal de Rancagua, Emerson Avendaño. “Estos hechos podrían incurrir en faltas graves a la administración pública y perjudican a nuestra comunidad (...) Hay situaciones tan sensibles como los vecinos que, a pesar de haber comprado su nicho para dejar a sus deudos, hoy no pueden hacer uso de este por qué la empresa no terminó las obras. Y esta administración le sigue otorgando tratos directos”, afirmó.

Transporte escolar

La segunda denuncia habla de una licitación de transporte escolar, donde existe una diferencia de $400 millones entre el certificado de disponibilidad presupuestaria y el monto que se terminó pagando por el proyecto, que fueron más de $1,2 mil millones.

Intuimos irregularidades en el proceso licitatorio, así como también en el proceso de ejecución, ya que existía una disponibilidad presupuestaria de $ 850.000.000, monto que se cargaría al Fondo de Apoyo a la Educación Pública 2022, pero que como resultado de adjudicación, el servicio licitado arrojó un valor final a pagar aproximado de $1.252.000.000″, afirmaron los concejales en la denuncia.

En el mismo texto, los fiscalizadores señalaron que, además, recibieron una serie de denuncias de los proveedores de dicha licitación “por el no pago oportuno por la prestación de sus servicios”, así como también llamados de apoderados “que denunciaban el no cumplimiento en los recorridos”.

“La administración del Alcalde Juan Ramón Godoy ha demostrado ser deficiente en aspectos claves y de gran valor para nuestra comunidad, por eso cuando existe una diferencia de más 400 millones entre la disponibilidad presupuestaria y lo que se termina pagando por el servicio de transporte escolar, se requiere que se investigue (...) Se está jugando así con los recursos públicos de la comuna y con el acceso a la educación de las niñas y niños más vulnerables que son las y los beneficiarios de este servicio”, explicó la concejala Cáceres (Ind).

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Adquisición sin aprobación

La tercera denuncia apunta a eventuales irregularidades en la adquisición de una propiedad sin la aprobación del Concejo Municipal. Lo que, según los concejales, se ve reflejado en las irregularidades que presenta el Acta n°40 en su transcripción y ejecución respecto a lo aprobado por el Concejo en dicha sesión.

Según el documento presentado en Contraloría, el punto tratado en la sesión fue el “acuerdo para aprobación, adquisición por parte del Municipio de Rancagua (...) de un campo deportivo perteneciente al Club Deportivo Viña Los Laureles”. El resultado fue “aprobar los recursos para la adquisición de dicho Complejo deportivo, no así su compra”, dice el texto.

El argumento de los denunciantes para solo aprobar los recursos y no la compra es que “debido a la falta de antecedentes actualizados respecto al certificado de hipotecas, gravámenes y litigios que hiciera ver el Concejal Manuel Villagra y, con el fin de evitar caer en una lesión enorme”.

A pesar de la negativa, el 18 de abril de 2022 se emitió un decreto que autoriza la compra del campo deportivo por un monto de $33 millones. La irregularidad, señalan los concejales, es que el decreto exento mencionado indica que, “en sesión ordinaria N°40, el Honorable Concejo Municipal aprobó, por la unanimidad de los señores concejales asistentes, la compra del bien inmueble”. Dicho terreno “tenía prohibición de venta por tener deuda con un tercero, encontrarse en litigio y sin la aprobación del Honorable Concejo Municipal de Rancagua”, dice el documento.

Es por eso que los concejales revisaron el acta y el registro audiovisual de dicha sesión y detectaron la incongruencia. “Cabe mencionar que lo ocurrido en ese concejo de fecha 12 de abril de 2022 fue transcrito de forma diferente en el acta, cuya acta se aprobó dos meses después de los hechos ocurridos, debido a un retraso injustificable en la Secretaría Municipal”

“Nos parece de extrema gravedad”

El 14 de noviembre de 2023, el Director de Control, Víctor Salas, emitió un informe donde indica “que el acta N°40 adolece de un error, en cuanto lo escrito no concuerda con lo votado por los concejales y lo aclarado por el alcalde antes de la votación, puesto que la unanimidad de los votos estaban referidos a la aprobación de los recursos para la compra del terreno, no así la adquisición de este como quedó estipulado”.

Nos parece de extrema gravedad que, por una parte, el Secretario Municipal no haya reflejado en un acta fidedigna a la votación manifestada en la sesión N°40, y, por otra parte, aún más grave que se haya comprado una propiedad en litigio, con fondos fiscales, donde el Honorable Concejo aprobara los recursos, señalando expresamente que no a la compra de la propiedad indicada”, dicen los concejales denunciantes.

Es un incumplimiento grave a la Ley de Municipalidades, ya que se necesitaba del acuerdo del concejo para adquirir la propiedad. Si con ésto se perjudicaron las arcas municipales, incluso podría sentenciar un notable abandono de deberes para el Alcalde. Cabe señalar que parte de esta materia ya está en conocimiento del Tribunal Electoral Regional, a fin de que también investigue y sancione”, finalizó el concejal Avendaño (Ind).

Consultado por ADN.cl, el alcalde evito a referirse al caso, pero la Corporación Municipal emitió un comunicado en respuesta a las denuncias.

Respuesta de la Corporación Municipal de Rancagua

Desde la Corporación Municipal respondieron a las denuncias en Contraloría y señalaron que “en primer lugar, destacar que la contratación a través de tratos directos realizados por esta Corporación se ajustó rigurosamente a lo establecido en la normativa vigente de compras públicas. El trato directo es un procedimiento excepcional que se utiliza solo bajo circunstancias específicas, tales como emergencias, urgencias o imprevistos, como contempla el artículo 10, numeral 3 del Reglamento de Ley de Compras Públicas (...) Es fundamental señalar que cada etapa de los contratos, especialmente aquellos que afectan a los establecimientos educacionales, fue supervisada minuciosamente por nuestro equipo técnico de obras. La prioridad de esta Corporación es el bienestar de los alumnos, quienes son los beneficiarios finales de nuestros esfuerzos”.

En relación con la denuncia sobre las obras en el Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins (ITMBO), aseguran que “tras un seguimiento detallado del contrato, se tomó la decisión de dar por terminado anticipadamente el mismo. Además, se procedió al cobro de las boletas de garantía correspondientes, como se informó al órgano de educación y se documentó posteriormente”.

En relación a las irregularidades sobre los trabajos llevados a cabo en el Cementerio N°1 afirmaron que “según consta en el documento de egreso, existe una recepción conforme de las obras, motivo por el cual fueron debidamente pagadas. No obstante, reconocemos la importancia de las preocupaciones planteadas en relación a las mejoras de infraestructuras del ITMBO y queremos subrayar que tomamos seriamente dichas inquietudes. En aras de garantizar el cumplimiento adecuado de los contratos, hemos tomado medidas legales y de cobro de multas pertinentes” Además, se comprometen a corregir cualquier deficiencia identificada y a emprender las acciones necesarias para completar de manera satisfactoria los proyectos en cuestión. “El cobro de la boleta de garantía nos proporcionará los recursos necesarios para contratar los servicios pertinentes, asegurando así el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos para la apertura del año académico 2024″, señalaron.

En la misma línea y en relación con la Licitación 557639-113-LR22 llevada a cabo por la Corporación Municipal de Rancagua señalaron que “como Cormun valoramos la importancia de mantener la transparencia y legalidad en los procesos licitatorios y queremos ofrecer información adicional para aclarar cualquier inquietud que pueda haber surgido. Entendemos la educación como un fenómeno social crucial, y nuestro compromiso es garantizar un servicio eficiente y de calidad que contribuya positivamente al desarrollo de la comuna de Rancagua”.

Desde la Corporación mencionaron una serie de “consideraciones técnicas” sobre el tema. “Se han llevado a cabo revisiones constantes respaldadas por documentación pertinente para demostrar que cualquier modificación en los recorridos se gestionó conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. Es importante destacar que los presupuestos iniciales no consideraron cambios posteriores en las rutas o desviaciones que pudieron afectar el cobro de los kilómetros” y finalizaron asegurando que “el análisis posterior a la adjudicación es una práctica estándar para garantizar la eficiencia del servicio y adaptarse a circunstancias imprevistas. La Corporación Municipal de Rancagua enfatiza que los ajustes no indican irregularidades, sino una gestión adecuada de los servicios contratados”.

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