Alcaldesa de Viña del Mar acusó «una presión indebida» del Presidente Piñera ante los tribunales de justicia por proyecto inmobiliario Las Salinas

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, acusó al Presidente Sebastián Piñera de ejercer presiones indebidas sobre el proyecto inmobiliario Las Salinas, que mantiene en conflicto a la ciudad costera.

Durante el miércoles, Ripamonti señaló: «Con molestia me permito comentar que este gobierno está obrando nuevamente con excesiva desvergüenza. Antes que nuestro presidente electo Gabriel Boric asuma, para asegurar un proyecto inmobiliario a un grupo muy determinado de personas».

Junto con ello, la edil apuntó a la inmobiliaria en cuestión, los encargados del proyecto: “La inmobiliaria Las Salinas, más allá de todo el marketing de sostenibilidad que ha exhibido en el espacio público, es dos cosas en concreto: una, 26 torres de segundas viviendas y en segundo lugar, en medio de un proceso de libre mediación que es altamente cuestionado con fundamentos concretos y técnicos de carácter científico, no con caprichos”.

La autoridad municipal señaló que hubo una «pre visación» proveniente de Santiago, lo que significa una presión «indebida y políticamente a los Tribunales de Justicia«, desestimando los procesos judiciales pendientes «y por sobre todo, las observaciones hechas por la ciudadanía, por el Municipio de Viña del Mar y por la Gobernación de Valparaíso». 

«Me parece una insolencia y de una falta de respeto que no tenemos por qué soportar», concluyó.

El conflicto

160 mil metros cuadrados del borde costero de Viña del Mar son en los que la inmobiliaria Las Salinas (propiedad de la familia Angelini, dueña de las empresas Copec) pretende erigir este ambicioso proyecto inmobiliario. Entre 1919 y 2003, el terreno fue usado por distintas empresas para almacenar combustible y fabricar lubricantes y químicos agrícolas, según consignó El Mostrador. Esta misma producción resultó en una contaminación de las tierras.

La inmobiliaria comprometió un proceso de biorremediación bacteriológica, que implica que bacterias sean introducidas en el terreno para eliminar los desechos. Este mismo proceso fue parte de los procedimientos promovidos por la inmobiliaria para lograr la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), uno de los trámites para comenzar la construcción.

El Movimiento Un Parque para Las Salinas, citados en el mismo medio, ha consignado incongruencias entre el Estudio de Impacto Ambiental, la Evaluación de Riesgos a la Salud Humana y la propia orden de biorremediación propuesta por la inmobiliaria. Sin ir más lejos, el mismo proceso podría tener efectos «cancerígenos, mutágenos, neurotóxicos e inmunotóxicos«.

Otro de los actores involucrados en el conflicto es el Comité de Ministros regional, quienes han sido determinantes en el RCA del proyecto. Pese a ello, hubo reclamaciones en contra de la misma Resolución, las que fueron acogidas por el Servicio de Evaluación Ambiental Nacional.

Una de las polémicas fue la del intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, quien reconoció haber aprobado el proyecto sin los antecedentes necesarios.

Ante las declaraciones de Ripamonti, desde la inmobiliaria Las Salinas valoraron que «la posibilidad de que el proyecto de saneamiento sea evaluado próximamente, con el fin de avanzar en todas las instancias ambientales que la ley establece».

«Somos conscientes de que las empresas generan desconfianza en la ciudadanía, por eso, nos adherimos a las palabras de Gabriel Boric en Enade 2022, en las que destacó la importancia del diálogo y la capacidad de las empresas de ser dinámicas. Seguimos haciendo hincapié en la importancia de generar una mesa de diálogo con las autoridades y comunidades», añadieron en un comunicado.

Con todo, el abogado Carlos Muñoz, de la Coporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, ante la posible resolución del consejo de ministros, dijo: «Se trata de una crónica de una aprobación anunciada, (pues se constata) no solamente el poder económico de la inmobiliaria, sino también el poder político, y por qué no decir, una presión indebida sobre los tribunales de justicia, pretenden autorizar algo que está profundamente cuestionado por la comunidad y la comunidad científica también».

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