Ministra Tohá tras la posible acusación constitucional en su contra: «Nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente»

Durante esta semana, se dio a conocer que la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) advirtieron que realizarán una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en caso de que la secretaria de Estado no expulse a 12 mil migrantes irregulares del país.

Frente a la advertencia de los parlamentarios de RN, la ministra Tohá se refirió a la posible acusación constitucional que presentarán los diputados de oposición en su contra.

Desde la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá, la titular de la cartera del Interior del Gobierno respondió a la advertencia de los parlamentarios de RN.

«Primero diría tres cosas que nuestro Gobierno está haciendo en materia de control fronterizo y de aseguramiento de que la irregularidad no siga predominando en materia migratoria. Las estamos haciendo por compromiso con los chilenos y las chilenas con su seguridad, con su bienestar, las estamos haciendo por compromiso con Chile, no las estamos haciendo ni las haremos porque nos amenazan», partió señalando la ministra Tohá.

En esa línea, la secretaria de Estado manifestó que «me ha pasado varias veces en la vida recibir amenazas. Las recibí en alguna época en dictadura, las recibí de parte de grupos radicales siendo alcaldesa, las recibí de grupos de presión siendo diputada, pero nunca nunca me había pasado recibir amenazas de autoridades electas democráticamente, nunca. Espero que sea la última vez».

Las expulsiones de migrantes

Yendo al tema de fondo de la posible acusación constitucional, la ministra Carolina Tohá aseguró que «efectivamente tenemos que mejorar en materia de expulsiones, no porque haya amenazas, sino porque es una necesidad».

En ese sentido, la ministra del Interior precisó que el Gobierno ha aprobado dos proyectos de ley para mejorar el proyecto de migraciones que se aprobó en la administración anterior. «Uno para agilizar los procesos de notificación, otro para dar más tiempo a los servicios particularmente al organismo contralor que es la PDI para poder llevar adelante la expulsión, y también para mejorar las condiciones de control de identidad que se hacen las personas que están de manera irregular», concluyo.