De proceso “impecable” a reconocer un error: el cambio del Gobierno por rebajas de penas a violadores de niños
El subsecretario Gonzalo Arenas defendió la legalidad de los decretos del ministro Fernando Rabat, pero reconoció que hubo “falencias importantes” en lo humano y que faltó considerar la situación de las víctimas.
De proceso “impecable” a reconocer un error: el cambio del Gobierno por rebajas de penas a violadores de niños
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El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó que existan discrepancias al interior del Ejecutivo por la polémica rebaja de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, luego de que el Presidente José Antonio Kast reconociera un error en el proceso.
“No hay ninguna discrepancia”, afirmó la autoridad este lunes desde La Moneda, al explicar sus anteriores declaraciones, en las que calificó el procedimiento como “impecable”.
Según la autoridad del Ejecutivo, sus palabras apuntaban a la dimensión jurídica y administrativa de los decretos tramitados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y no a la evaluación política de la decisión.
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“Quizás pude haber utilizado otra expresión más que impecable, pero lo que yo quise manifestar es que el ministro de Justicia con esos decretos había cumplido la ley, había cumplido con la Constitución, no existía ninguna irregularidad”, sostuvo.
En esa línea, insistió en que “no hay ningún reproche que hacer al ministro de Justicia” desde el punto de vista jurídico-administrativo.
Sin embargo, el subsecretario reconoció falencias en otros ámbitos, especialmente por no considerar a las víctimas en el proceso. “Humanamente, sin duda que hubo falencias importantes”, señaló.
Además, admitió que pudo faltar una evaluación política que permitiera al Presidente tomar una decisión distinta. En ese sentido, recordó que el propio Rabat reconoció que el tema pudo haberse analizado desde esa perspectiva.
Gobierno busca anular o suspender beneficios
Arenas también confirmó que el Ejecutivo trabaja en alternativas para anular o suspender las rebajas de condenas ya concedidas. La medida podría abarcar tanto los 56 casos de la actual administración como los más de 250 beneficios otorgados durante el gobierno anterior.
“Vamos a buscar la fórmula, es difícil porque hay temas legales importantes”, indicó.
El Ejecutivo busca incorporar estas alternativas en un proyecto de ley que, además, pretende impedir que se repitan situaciones similares y garantizar la participación de las víctimas en estos procedimientos.
