“Libertad de conciencia”: Rincón, Walker y Chahín presentan defensa ante tribunal DC por apoyo al Rechazo

Los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además del ex convencional Fuad Chahín, fueron denunciados ante el Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana (DC) por apoyar la opción del rechazo, lo que contraviene el voto político acordado por el partido en su Junta Nacional.

Los tres involucrados contestaron este miércoles a la instancia partidaria, esgrimiendo sus argumentos frente a la acusación. El ex presidente Eduardo Frei también fue denunciado pero este no ha realizado ninguna contestación oficial.

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Libertad de conciencia y expresión

Los acusados argumentaron que la Junta Nacional autorizó la “libertad de conciencia”, lo que algunos interpretan como la posibilidad de votar de cualquier manera, pero no de realizar campaña o expresar opciones distintas a las oficiales.

Sin embargo, en interpretación de los senadores y el ex convencional: “(La junta) respeta la libertad de conciencia, con la salvedad que la reduce a la libertad de voto, lo que también es equivocado. En el uso de nuestra libertad de conciencia hemos hecho nuestros pronunciamientos públicos respecto al plebiscito del próximo 4 de septiembre”, consiga La Tercera.

“Quienes tenemos o tuvimos la representación popular, como es el caso del presidente (Eduardo) Frei y Fuad Chahin, tenemos también el derecho y el deber de informar sobre un asunto de tanto interés (…). La expresión pública de nuestra opción en el futuro plebiscito es un derecho, como también es un deber informar sobre él a los distintos grupos de la sociedad chilena” sostiene la respuesta entregada el TS.

Legitimidad del Tribunal Supremo

La respuesta entregada el día de hoy, también argumenta que el TS del partido “ha dejado de ser un tribunal legalmente constituido y ha derivado en una ‘comisión especial’ carente de jurisdicción y cualquier competencia para juzgar los asuntos internos de la DC”.

Esto, debido a que los estatutos del falangismo establecen que el TS se debe componer por 15 miembros oficiales más 15 suplentes, número que en la actualidad no se cumple.

Además, sostiene que la acusación debió ser vista en primera instancia por un tribunal regional y posteriormente, en instancias de apelación, se debió pronunciar el Tribunal Supremo, violando de esta manera “el principio de doble instancia”.