Presidente del Servel: «El plebiscito va sí o sí porque vamos a cumplir la norma constitucional, salvo que se modifique»

Este miércoles 26 de agosto comienza oficialmente la campaña electoral con miras al plebiscito constitucional del 25 de octubre. Un proceso para el que «estamos en condiciones» en el Servicio Electoral (Servel), según aseguró en Ciudadano ADN el presidente del Consejo Directivo, Patricio Santamaría.

El funcionario recordó que la entidad está a cargo de velar por el control del financiamiento de las campañas, el cual «es público, con un tope y un conocimiento de quién entrega los aportes». Del mismo modo, el Servel estaba a la espera de la promulgación de la ley de campaña, que entre otras cosas, regula por primera vez la propaganda en redes sociales, y que fue votada durante la jornada. «Puede que los primeros tres días sean sin esta ley promulgada», advirtió Santamaría sobre la que promete ser una campaña distinta producto de la pandemia.

Otro tema cuyo debate se ha instalado, y al cual no se ha llegado a un acuerdo, es si los enfermos de Covid podrán o no votar en el plebiscito. Para Santamaría, aquí «están en juego dos derechos humanos: el derecho a la vida y el derecho a voto». Sin embargo, precisó que el rol del Servicio Electoral es «defender el derecho a sufragio, pero con el sentido común de que estamos viviendo una pandemia. Ese tema lo tiene que ver la autoridad sanitaria, no nos corresponde a nosotros», apuntó, al tiempo que adelantó que la entidad está buscando «algún mecanismo dentro de los márgenes legales que permite que las personas voten. Si no lo encontramos, no podrán votar».

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El voto por internet, propuesto por algunos sectores como solución a esta encrucijada, es «imposible», según apuntó Santamaría. «No es secreto, puede ser coaccionado y no existe seguridad en el traslado de votos a los centros de cómputo. En todos los países está prácticamente descartado». El voto postal, en tanto, para el funcionario tampoco reuniría las condiciones de viabilidad. «Las personas tienen que ir a las oficinas de Correos a dejar el voto. Hay menos oficinas de Correos que de AFP. Las colas que se producirían serían enormes». Otra opción que se baraja es que el propio Servel entregue y retire los votos de las personas con Covid en sus casas, pero Santamaría también la pone en duda. «En Chile hubo vecinos que pedían a los médicos que no ocuparan los ascensores. ¿Se imaginan si llega una camioneta del Servicio Electoral con urnas a la casa? Quedaría claro que ahí hay un enfermo de Covid y hay que tener mucho cuidado con la reacción de las personas».

La autoridad contó que ha estado ocupado en diversas reuniones por Zoom con asociaciones de municipios, y con instancias como el ministerio de Salud, el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Infectología para «tener el mejor protocolo de seguridad, aunque no podemos dar garantías, nadie puede garantizar nada en esta vida». Por ahora, Santamaría descartó de plano que las municipalidades se encarguen de comprar artículos de seguridad para sus votantes. «Nos opusimos tenazmente, los vamos a comprar nosotros a través de Cenabast, porque queremos que todos los electores y electoras estén igualmente protegidos. No queremos ver en comunas como Las Condes a gente como astronautas votando con escafandras, y en las comunas pobres protegidos como puedan. El 25 de octubre, el voto de todos vale lo mismo, cualquiera sean nuestras condiciones sociales y el lugar donde vivimos».

El funcionario también se refirió a las acciones que están tomando algunas autoridades, manifestándose a favor de las opciones Apruebo o Rechazo. «Según la ley 18.700, no se entiende como propaganda electoral la difusión de ideas realizada por personas naturales. Los viajes informativos al sur de Chile, o los que están usando una especie de banda presidencial con el Apruebo, son cosas que pueden realizar las autoridades públicas en el ejercicio de su cargo. No se considera propaganda». Eso sí, aclaró que en cualquier tipo de actividad pública, «no es posible hacer mención de la opción que aprueban».

El financiamiento y sus detalles

Santamaría recordó también que, según el acuerdo por financiamiento que fue aprobado en el Senado, el tope de gasto por cada opción es de 2.100 millones de pesos por opción, el que se dividirá por partidos políticos en base a su representatividad, obtenida en la última elección. Las personas naturales, en tanto, tendrán un límite de aporte de 500 UF, y las organizaciones de la sociedad civil, 200 UF. La nueva ley también obliga a que diarios, radios y redes sociales comuniquen al Servel los contratos que las propagandas que emitan, «para que podamos fiscalizar y publiquemos diariamente en servel.cl quién, cuánto y a qué opción está aportando».

Chile vivirá 8 procesos eleccionarios desde octubre hasta principios del 2022, cifra inédita en la historia nacional. «Aquí sí que está viva la democracia», comentó Santamaría, quien invitó a «aprovechar la oportunidad y evitar la polarización. Estamos construyendo el escenario en el que se va a desenvolver el país en los próximos 40 o 50 años. Es un momento privilegiado y desafiante, y la ciudadanía tiene que entender que el plebiscito es de todos, de todas y tenemos que cuidarlo. Si nos desbocamos en celebraciones lo más probable es que se generen situaciones de contagio».

Entre las medidas sanitarias que ya se tomaron con miras al 25 de octubre, Santamaría recordó que habrá una franja horaria especial adultos mayores, lápices azules descartables para las personas que no lleven el suyo, y cámaras sin cortina para menor contacto. Del mismo modo, el marco legal actual impediría realizar el plebiscito en comunas en cuarentena, lo que también debe ser resuelto por las autoridades competentes. «Evidentemente esto sería mejor en condiciones más normales, pero hemos hecho plebiscito en dictadura, se han hecho en guerra en otros países. El plebiscito va sí o sí porque vamos a cumplir la norma constitucional, salvo que se modifique. Seguimos preparando los protocolos de seguridad para tener un plebiscito seguro y muy participativo». El funcionario también recordó que, desde el inicio del voto voluntario en 2012, nunca ha habido una elección donde se supere el 50% de participación; incluso, alcaldes han sido elegidos con el 22% de su padrón. Por eso, «la legitimidad de las elecciones nunca ha estado en discusión en Chile».