Servicio Nacional de Migraciones afirma que fallida expulsión de venezolanos se dio porque «no llegó un permiso»

Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, se refirió a la fallida expulsión de 60 ciudadanos de nacionalidad venezolana que iban a viajar de regreso este viernes: aseguró, contrario a lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, que fue un problema burocrático. Particularmente, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (un símil a la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, de Chile). 

«No hay una negativa del Gobierno venezolano respecto de este vuelo: aquí había preprogramado un vuelo para sacar expulsados, con una capacidad de 130 personas; sabemos que en los vuelos chárter tiene que ir un escolta de la Policía de Investigaciones por cada expulsado. Por tanto, podíamos expulsar poco más de 60 personas. Para que el vuelo pueda materializarse, este tiene que tener una autorización de un órgano técnico que es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, que es el símil a la DGAC«, comenzó explicando Thayer.

Y aunque el director aseguró que el listado de funcionarios y expulsados (administrativos, por situación migrante regular, y judiciales) se envió oportunamente, «la autorización no llegó oportunamente»: «No hay, en el fondo, que el Gobierno de Venezuela haya dicho que no, sino que no llegó un permiso».

Con todo, precisó que el viaje se reprogramó, pues estas situaciones «normalmente pueden ocurrir en estos procedimientos», aunque decidió mantener en reserva cuándo se haría «porque el éxito de estas operaciones depende de que no se sepa».

Procedimientos

En las expulsiones trabajan coordinadamente el Servicio, la PDI y el consulado venezolano. El director precisó que todos «cumplieron con lo establecido: el consulado certificó las identidades de las personas oportunamente; la PDI envió el listado de los pasajeros y los escoltas oportunamente; se envió a la contraparte venezolana, a través de la Cancillería, todo de manera oportuna y hubo una demora, lo que obligó a reprogramarlo».

Las expulsiones se harán en vuelos comerciales, por medio de la compra de pasajes y antes de 5 días, que es el plazo máximo que una persona migrante puede estar detenida en los casos de procesos judiciales. «Si se retrasó un permiso que debía llegar a tiempo, es importante que se garantice que en el futuro no vuelva a ocurrir», resumió.

Expulsados en 2023

En lo que va de 2023, 758 personas han sido expulsadas, sea por casos administrativos o situaciones judiciales. Estas expulsiones se han hecho por vuelos comerciales, buses y vuelos chárter. En esta última situación, Thayer transparentó que «habían muy pocas personas condenada spor Ley 20 mil (tráfico de drogas). Eso, porque hoy tenemos un impedimento legal para expulsar a personas condenadas a menos de 5 años y un día, por una modificación legal que lo impide. El Gobierno ha ingresado a un proyecto para modificarlo, pero no ha avanzado porque no están los votos».

Hacia el final, hizo un llamado a «tomarse en serio este tipo de procedimientos. Cuando se discute públicamente, ya había un llamado a discutirlo racionalmente. El Gobierno está tomando todas las medidas para mejorar la capacidad que como Estado tenemos para materializar expulsiones. El Congreso ha aprobado al SNM un presupuesto importante para materializar expulsiones el próximo año y la meta es aumentar y mejorar los volúmenes año a año».

En 2018 se registraron 300 expulsiones administrativas; en 2020, 202; en 2021, llegaron a 246; mientras que en esta categoría, en 2023, alcanzan los 243. «La meta es superar esos números. Tenemos presupuestos para seguir superando esa meta», cerró.