Contralor en comisión el Senado por Caso Convenios: «La corrupción es un virus que adquiere distintas variantes»

Hasta la comisión de Vivienda del Senado llegó, la mañana de este martes, el contralor Jorge Bermúdez para exponer el trabajo que la entidad dirige sobre el «Caso Convenios», gatillado por la transferencia de millonarios fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, todos con militantes de Revolución Democrática. 

Antes que todo, Bermúdez aseguró que el trabajo de la Contraloría no se concentró solo en el bullado escándalo del norte, sino que en distintas partes del país: «La corrupción es un fenómeno que va mutando con el tiempo. Como un paralelo, es un virus que adquiere distintas variantes».

«En materia de compras públicas, puede haber corrupción y existe una legislación robusta en la materia y se está modificando. En materia de obras públicas, puede haber corrupción, pero existe lo mismo. Ahora hay una nueva grieta que está en el ámbito de la regulación financiera del Estado a propósito de las transferencias a terceros, a privados. Esa grieta hay que cerrarla, y se hace con acción, que es lo que hace Contraloría, por un lado, pero también con legislación, que es lo que falta. Y esa legislación es de distintos niveles, no solo legal: falta cierta regulación que debe salir del Ejecutivo», precisó el contralor. Luego, valoró el instructivo emitido por Hacienda para la Ley de Presupuesto, pues «ayudaría mucho a parar esa gran vía de agua que tenemos».

Ante las críticas de «desidia» de la Contraloría, Bermúdez espetó que el ente fiscalizador vela por el cumplimiento de una normativa: «Cuando esa normativa es escasa o inexistente, el control va a ser más débil».

Así las cosas, enlistó el trabajo que ha hecho en los últimos años a la cartera en cuestión

10 debilidades y 8 propuestas

Entre 2016 y 2023, Contraloría realizó 242 auditorías al ministerio de Vivienda y Urbanismo, «centrando los esfuerzos en la entrega de subsidios, ya que corresponde al 10% del presupuesto total del ministerio: $4,2 billones ($4.241602.688)». El programa «Asentamientos precarios» alcanza el 1,2%.

La Contraloría no fiscaliza privados, tampoco puede cuestionar el mérito de los convenios que se suscriban. Y si bien «en el caso particular pueden parecer grandes montos, pero en el contexto del MINVU tiene poca incidencia en su presupuesto».

Además, desde la entidad aseguraron que «los convenios son de difícil fiscalización porque: son amplios en redacción; no tienen puntos de control que permitan monitorear avances; no existen hitos de ejecución; y no existen definiciones claras para contrastar los gastos rendidos». 

Sobre las debilidades, en Contraloría identificaron una de ellas en las transferencias como forma de ejecución presupuestaria, la que para el año 2023 contempla al menos 41.454.838.469 en transferencias a privados. A ello se suma una falta de densidad en la normativa de transferencias; una carencia en mecanismos que permitan al Estado «seguir la ruta del dinero»; excesiva discrecionalidad en efectos de ejecución, modificaciones presupuestarias, en la definición de los proyectos; ausencia de control de mérito; y «falta de normativas de transparencia, conflictos de intereses y probidad de los receptores de los recursos públicos».

En relación a las propuestas, apuntaron a: un instructivo que precise los contenidos de los convenios de transferencia; que los privados rindan cuenta a través de la plataforma de la Contraloría; que se aplique el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias; y trabajar en una ley de transferencias del Estado.