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Entra en vigencia Ley de Entrevistas Videograbadas que busca evitar victimización secundaria en niñas y niños

Tiene como objetivo principal prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes, evitando así toda consecuencia negativa que estos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona dicha ley.

Abuso

Abuso

Este lunes se anunció la implementación de la Ley de Entrevistas Videograbadas, que busca evitar la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que sufren delitos sexuales y otros delitos graves.

El proyecto comenzó hace un su implementación en 2019 a niveles locales, pero desde hoy se hará efectiva en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana; completando todo el territorio nacional.

Sobre esto se refirió el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, quien manifestó que «se trata de una ley ampliamente esperada por la ciudadanía y urgentemente requerida por este grupo de sujetos de derechos que son víctimas de algún tipo de abuso sexual y que, según cifras de UNICEF, alcanzan un 8,7% de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país«.

A su vez, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, indicó que «estamos en presencia de una ley que obliga al sistema de justicia a sensibilizar con una población y a interactuar con una población que es específica y que sus necesidades particulares son de particular preocupación para el Estado de Chile, abriendo espacios a la posibilidad de aplicar esta normativa en otros procesos relacionados con niñas, niños y adolescentes y otras personas usuarias del sistema que también puedan verse afectadas por una victimización secundaria en los procesos de justicia».

La normativa fija un marco normativo que regula la toma declaraciones de niñas, niños y adolescentes en la etapa investigativa y judicial; prohibiendo la formulación de preguntas inadecuadas, repetitivas y excesivas de los distintos actores, entre otros factores.

Desde el Poder Judicial aseguraron que cuenta una red de salas especiales que alcanza todas las regiones del país, pese a lo cual la implementación de la ley 21.057 ha significado un trabajo consistente de instalación de infraestructura y capacitación de jueces y ministros

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