Universidad La República: Superintendencia de Educación Superior pide cierre de la casa de estudios

La dirección de la Universidad La República (Ulare) informó a sus estudiantes que la Superintendencia de Educación Superior rechazó el recurso de revisión extraordinario presentado por la casa de estudios, luego que en 2021 el Consejo Nacional de Educación (CNDE) revocara su reconocimiento oficial, a solicitud de la propia Superintendencia. Esto, por lo que fue calificado como una «grave crisis financiera, patrimonial y administrativa».

De acuerdo a información publicada por El Mercurio, el rector de la Ulare, Fernando Lagos, dio cuenta que la Superintendencia envió los antecedentes a la Subsecretaría de Educación Superior «para el inicio del proceso de revocación del reconocimiento oficial a nuestra Casa de Estudios Superiores, en caso de ser estimado necesario por parte de las autoridades del ministerio de Educación». 

En resumen, la Subsecretaría descarta un administrador provisional que permite la recuperación de la universidad. No obstante ello, el rector Lagos aseguró que el plan de recuperación cumple con las exigencias técnicas, incluido el tener un inversionista en calidad de «socio financiero». 

Lagos fue más allá: aseguró que la Superintendencia «cometió ilegalidades que demostraron que su proceso infringió la ley», según resolvió la Corte Suprema, lo que «dañó de manera arbitraria a nuestra comunidad universitaria, cuyas decisiones, más que proteger a sus integrantes, terminaron agravando más la situaciones».

El exsecretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Sebastián Izquierdo, fue tajante: «Es inconcebible que se trate de posponer lo inevitable por el simple hecho de no querer enfrentar los costos políticos de cerrar la universidad».

«Un administrador provisional poco tiene que hacer en una situación como esta. Más bien, pareciera que se quiere ganar tiempo a costa de las actuales y futuras generaciones de estudiantes», añadió.

Con todo, la situación actual se suma a la decisión del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que dejó sin efecto la liquidación forzosa que solicitó la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción en contra de la Ulare, por una deuda de $60 millones.