Subsecretario Monsalve sostiene que hay problemas estructurales para la persecución penal en el sur

Este martes, en la Prueba de ADN, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la decisión del Gobierno de no extender el estado de excepción a la región de Los Ríos.

«La línea del Gobierno respecto a los estado de excepción ha sido una sola. El Presidente siempre ha sostenido que el Gobierno está disponible a usar todas las herramientas que da el estado de derecho para resguardar la seguridad de las personas», indicó Monsalve.

[dps_related_post ids=»5079311,5079804″]

Referente a las expectativas que provocó la posible extensión del estado de excepción, el subsecretario planteó que «del 2015 al 2022, si uno mira los hechos de violencia rural en las cuatro regiones de la zona sur, el 3,8% de esos hechos de violencia han ocurrido en la región de Los Ríos. Si uno mira lo que llevamos del año 2022, el 5% de los hechos de violencia han ocurrido en la región de Los Ríos».

«Desde el punto de vista cuantitativo, el 94% de los hechos de violencia rural están concentrados en los territorios en donde está declarado el estado de excepción«, afirmó el subsecretario del Interior.

Lo anterior, según explicó el subsecretario Monsalve, significa que «las organizaciones criminales que desarrollan hechos de violencia están concentradas y tienen su capacidad operativa en los territorios que hoy tienen estado de excepción».

«Respecto a Los Ríos, reconocemos que hay una demanda de mayor seguridad (…) creo que estamos respondiendo de manera adecuada, en el contexto de una situación que es delicada», subrayó Monsalve.

Declaraciones de Héctor Llaitul

Sobre los dichos que emitió el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien reconoció el robo y venta de madera para, entre otros fines, comprar armas, el subsecretario indicó que aquellas declaraciones eran «graves» porque «reivindica el uso de las armas y en democracia la violencia no tiene espacio«.

«A partir de las declaraciones de Héctor Llaitul ampliamos una demanda pública al fiscal nacional, para habilitar al Ministerio Público para investigar, determinar si hay delito y, si es que lo hay, eventualmente detener y procesar», indicó Monsalve quien agregó: «El Gobierno no puede detener personas, la persecución penal la hace otro organismo».

Mientras que sobre las querellas el subsecretario sostuvo que «se transforman en una herramienta simbólica si no se traducen en que las personas responsables sean detenidas, procesadas y sancionadas».

Ante la consulta de por qué no hay resultados respecto a Llaitul, Monsalve explicó que «esto ocurre porque el Ministerio Público enfrenta dificultades para llevar adelante la persecución penal y lo que nosotros le hemos dicho es que nos digan cuáles son esas dificultades, para ver en qué forma el Gobierno concurre a ayudar el Ministerio Público».

«¿Hay problemas estructurales para la persecución penal en el caso del sur? Yo creo que sí«, sostuvo el subsecretario del Interior

«Para perseguir el crimen organizado, hay que fortalecer ciertas brechas legislativas y nosotros presentamos indicaciones al proyecto crimen organizado que busca dotar de capacidad al Estado para usar técnicas especiales de investigación en toda forma de crimen organizado, sea robo de manera, narcotráfico, trata de personas, entre otros», dijo el subsecretario Monsalve.

«La habilitación legal para investigar la tiene el Ministerio Público. Por lo tanto, es responsabilidad del Ministerio Público investigar e informar al país respecto a los resultados de esa investigación», puntualizó Monsalve.