Ministro Montes defiende arriendos en el plan de emergencia habitacional: «Es un camino adicional»

El domingo pasado el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó el Plan de Emergencia Habitacional: una hoja de ruta que debiese enfrentar la crisis de vivienda que en el país afecta entre 600 mil y 650 mil familias. «El déficit es un dato muy fuerte, muy duro, que se acumuló desde antes de la pandemia, pero con la pandemia y la llegada de migrantes se agudizó», señaló de entrada el titular de la cartera, Carlos Montes, la mañana de este martes  en conversación con ADN Hoy. 

La propuesta de nueva Constitución consignó en el artículo 51: «Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria». En el incisos 2 del mismo artículo, se lee: «El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando, a lo menos, la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficientes, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, conforme a la ley».

[dps_related_post ids=»5053378,5051271″]

El ministro Montes asegura que este derecho, al de vivienda y ciudad, «es un principio que lo tienen buena parte de los países latinoamericanos y europeos. Es un criterio, una orientación, una forma de entender la sociedad, y en el caso específico de otros derechos: nadie dice que por el derecho a la educación todo el mundo va a tener un título desde el comienzo. Hay un proceso. Lo mismo pasa con el derecho a la salud. Creemos que es fundamental concretar los derechos, en este caso el derecho a la vivienda, de tal manera que tenga mayor prioridad en la forma de construir el país, la ciudad e ir distribuyendo los beneficios sociales».

¿El fin de la casa propia?

El plan de emergencia habitacional considera construir 260 mil viviendas, de las cuales 20 mil serán de arriendo. Parte de las críticas que surgieron ante la propuesta fue por el cambio de foco: de la casa propia al arriendo. Montes es categórico: «Se ha generado esto porque a gente le gusta construir ese tipo de frases y la verdad es que tiene un impacto porque no hay suficiente información. Pero puedo decir categóricamente: aquí no está ni siquiera en discusión».

«A Chile han llegado unos fondos de inversión para otro segmentos social que han construido edificios para arriendo. Pero en la política social hay una clara opción por la vivienda orientada a que las familias dispongan de un patrimonio para la vida. En el caso de arriendo, es un camino adicional que tiene una proporción menor», añadió también el ministro.

[dps_related_post ids=»5045041,4898102″]

Con todo, el ministro aseguró que el país carece de experiencia para la administración habitacional. Además, la idea de la casa propia «es fundamental para su historia de adultos mayores, para sus herederos, para distintas realidades. Es una construcción mediática».

Sobre el programa de arriendo, contó: «Está orientado a que los municipios, el propio Serviu, las gobernaciones y entidades privadas sin fines de lucro puedan obtener viviendas. Y esperamos avanzar a un promedio de 5 mil viviendas por año. Si sectores medios logran motivarse con el arriendo y eso logra una estabilidad, no le estamos subiendo el valor día a día o mes a mes, si se logra un mercado con esas características puede ser valorado. Hoy en Chile no hay experiencia para administrar en las entidades públicas».

El plan de vivienda a precio justo significa que «tiene que ser proporcional con los ingresos de las familias, por un lado, y por otro lado tiene que ver con que cubra ciertos costos de la gestión y administrador. Más que hacer de esto un negocio y especular, que no es el criterio, dentro de las posibilidades de las familias»,

[dps_related_post ids=»5053072,5052272″]

Por lo pronto, la construcción de viviendas considera nuevos criterios de edificación (recintos de salud, de educación y conectividad) y el uso de terrenos fiscales.

«Estimamos que el plan necesita 3.519 hectáreas. Tenemos 1.700 que están en ejecución. Tenemos 680 que requieren un conjunto de gestiones para estar habilitadas. Nos faltan 1.211 hectáreas. Esperamos que provengan de las empresa públicas, de bienes nacionales, de las fuerzas armadas y comprar de privados. Respecto de las Fuerzas Armadas, hay una vieja discusión. Hay una comisión interministerial que está trabajando esto. Esperamos un aporte. Tenemos un listado de terrenos de las Fuerzas Armadas, porque no se trata de terrenos en cualquier parte, sino de terrenos bien ubicados. Que estén dentro del centro, cerca de los servicios. Esperamos que todo este aporte sea sin costo, porque sino no es viable. La emergencia requiere un esfuerzo de todas las instituciones. Le hemos dicho a (la Empresa de) Ferrocarriles que tiene montones de terreno sin ocupar en el país. Hay que ver cómo se reemplazan en el patrimonio de la empresa, pero no están teniendo un uso efectivo. Codelco también tiene terrenos en Calama y en otros lados que también puede servir. Así, esperamos que las fuerzas armadas aporte unas 200 hectáreas o más», concluyó Montes.