A dos años del 18-O: Amnistía Internacional presentó informe a fiscalía sobre responsabilidad de Carabineros
Dentro del texto presentado por el organismo internacional se establece que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza durante el estallido social.
26 de Septiembre 2012/SANTIAGO Esta tarde manifestantes se enfrentaron con Fuerzas Especiales de Carabineros, en el frontis de la Universidad de Santiago,"USACH"donde tuvieron que intervenir con carros lanza aguas y bombas lagrimogena para dispersar a los manifestante que se encontraban en el lugar. FOTO:AGENCIAUNO
Durante la presente jornada y en la previa de la conmemoración de los dos años del estallido social del 18 de octubre, Amnistía Internacional presentó a la Fiscalía Nacional un informe, en el cual se recopila estándares internacionales sobre la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros, respecto a los crímenes cometidos durante las protestas.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se refirió al respecto y expresó: “Hace dos años, miles de personas en Chile salieron valientemente a las calles para exigir mayor igualdad y derechos humanos, como una pensión digna, vivienda, educación y salud pública de calidad. La respuesta de las autoridades fue una violenta represión y la criminalización de la protesta social, a través del uso excesivo de la fuerza, y el uso discriminatorio y desproporcionado de la prisión preventiva, entre otras graves violaciones a los derechos humanos – situación que, hasta ahora, el gobierno ha persistido en negar o minimizar”.
Dentro de las conclusiones presentadas en el informe de Amnistía Internacional, se establece que “los antecedentes fácticos disponibles permiten encontrar indicios serios para exigir responsabilidad penal a las autoridades y mandos de las instituciones involucradas en el control del orden público por su falta de actuación en los violentos hechos ocurridos tras las manifestaciones.”
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De igual forma dentro del texto se agrega que “dicha responsabilidad penal por omisión puede exigirse por la vía de aplicar la Ley 20.357 en el caso de que se estime que el denominado elemento internacional concurre. Lo anterior, si bien es discutible, puede al menos en principio sostenerse dado que los múltiples hechos acaecidos no parecen sólo casualmente coetáneos, sino que parecieran estar favorecidos por el medio organizacional en el que se desenvuelven, y el comportamiento de sus autoridades al momento de los hechos.”
“Como se ha podido verificar, para los graves hechos acaecidos tras el estallido social, existen diversas herramientas penales para exigir la responsabilidad de aquellas autoridades que debieron y pudieron haber evitado los hechos”, manifestaron desde Amnistía Internacional.
En detalle, el escrito demuestra que los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Hechos por los cuales ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y muchos de los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas.
En relación a lo anterior, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer declaró que “miles de víctimas podrían hoy contar una historia diferente si no fuera por la omisión deliberada de los mandos de Carabineros que permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos contra manifestantes para lograr dispersarles a toda costa o detenerles sin las debidas garantías.”
“Las autoridades sabían lo que estaba sucediendo y tampoco actuaron decididamente para evitar que se repitieran tales actos. A dos años del estallido, las investigaciones apenas avanzan. La Fiscalía debe investigar sin demoras la responsabilidad de toda la línea de mando, hasta el más alto nivel. Esperamos que este informe ayude a acabar con esta prolongada e inaceptable impunidad”, agregó Piquer.
De acuerdo con cifras recopiladas por Amnistía Internacional, provenientes desde la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a marzo de 2021 se contabilizan más de 8.000 víctimas de presunta violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
Es en base de todo lo anterior, que Amnistía Internacional hizo un llamado “urgente reforma de Carabineros” por medio de una transformación “amplia y profunda, a nivel normativo y cultural, para garantizar que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre uso de la fuerza.”
Puedes acceder al informe completo en el siguiente link.
