Servicio Jesuita de Migrantes criticó expulsiones del Gobierno y acusó faltas «al debido proceso»

Las expulsiones masivas de extranjeros implementadas por el Gobierno no cumplen con el debido derecho, aseguró en ADN Hoy la directora nacional del Servicio Jesuita de Migrantes, Waleska Ureta.

Ureta afirmó que estos procedimientos no se ajustan al debido proceso porque son grupales e impiden analizar cada caso individualmente.

«El debido proceso que no se cumple es que las personas tienen derecho a que se analicen sus casos de manera particular y que se evalúen las distintas situaciones que están viviendo las personas. Por ejemplo, si requieren protección internacional, si hay arraigo, si hay vínculos familiares. Eso, como se está dando la situación hoy, no se está produciendo», dijo.

La representante del servicio alegó que la expulsión de ciudadanos del fin de semana, ejecutada entre sábado y domingo, impidió que se tomaran los resguardos debido porque los tribunales estaban cerrados.  «No hay posibilidad de que se cumpla el debido proceso», insistió.

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Ureta afirmó que de las 56 personas expulsadas el fin de semana, sólo 19 «estaban con temas penales», pero que las 37 restantes «tenían esta sanción administrativa por haber entrado por un paso no habilitado».

«Hemos sido claros y enfáticos al decir que no estamos avalando las situaciones de criminalidad (…) Nosotros abogamos por esas personas, que por una sanción administrativa fueron expulsadas sin haber tenido la oportunidad del debido proceso», explicó.

«Abogamos porque las personas que tienen esta falta administrativa, que no es constitutiva de delito, puedan tener su debido procesos y puedan ser analizados sus casos, porque hay muchas personas, considerando la situación que Venezuela está viviendo hoy, que pueden ser sujetos de protección internacional, pueden ser refugiados», agregó.

Sobre cómo ha enfrentado el Gobierno la situación de migrantes venezolanos, considerando las expulsiones masivas de extranjeros, Ureta explicó que Colombia y Brasil han tomado medidas para regularizar a los ciudadanos que han escapado de la crisis, mientras que «Chile está siendo el país que está actuando de manera más securitista y menos basado en derecho respecto de las personas venezolanas«.

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