Contraloría detectó irregularidades en actuar del Sernameg en casos de violencia contra la mujer durante la pandemia

Este miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) presentó el informe de la auditoría que realizó al cumplimiento de las funciones realizadas por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg).

El objetivo fue determinar si el organismo cumplía con dar continuidad a la atención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia, en el contexto de la pandemia del covid-19, desde la declaración de la alerta sanitaria —en marzo de 2020— hasta octubre de ese año.

Contraloría concluyó en su informe que «se detectaron debilidades en las medidas de prevención y detección temprana de situaciones graves de violencia contra la mujer, toda vez que, por ejemplo, entre marzo y agosto de 2020, se determinaron 53 hechos graves de violencia de género, de los cuales 50 no acudieron a algunos de los canales o dispositivos habilitados por el Sernameg para brindar apoyo y orientación«.

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Por otra parte, «respecto de aquellas que sí tuvieron algún contacto, se determinó la falta de acreditación de las intervenciones y seguimientos en los casos que se indica».

Asimismo, el Servicio «no acreditó haber adoptado medidas concretas de coordinación con Carabineros de Chile, en cuanto a aplicar determinados procedimientos frente a la eventual circunstancia de que una mujer que está siendo violentada tome la decisión de salir de su domicilio, en horario de toque de queda, para efectuar una denuncia o pedir ayuda».

Lo anterior, en alusión al caso que se produjo en agosto de 2020, cuando una mujer fue detenida en Osorno por acudir hasta una unidad de Carabineros durante el toque de queda para denunciar que fue víctima de violencia intrafamiliar.

La policía uniformada, sin embargo, la detuvo por infringir las medidas sanitarias. Más tarde, el Juzgado de Garantía de la ciudad declaró este procedimiento como ilegal.

Similar situación ocurrió en Pichilemu, cuando una mujer denunció una violación durante un horario de restricción de movilidad. En ese caso, la Contraloría envió un oficio a la institución.

También se detectaron irregularidades en el servicio telefónico 1455, ya que hubo «incumplimientos en relación con la derivación, acreditación y demoras en los seguimientos de las llamadas recibidas de tercer nivel (grave o vital)«.

Asimismo, Contraloría indicó que hubo «carencias en la trazabilidad de las llamadas recibidas; incerteza en cuanto a la cantidad de llamadas recibidas; inexistencia de evidencia respecto de seguimientos de denuncias informadas por Carabineros de Chile, y personal de la empresa contratista que no cumplía con los requisitos de estudios fijados en el contrato».