Senadores presentaron proyecto de «perdonazo» para quienes recibieron el Bono Clase Media de manera irregular

Este miércoles, los senadores Pedro Araya (independiente), Francisco Huenchumilla (DC), Alejandro Guillier (independiente) y Juan Ignacio Latorre (RD) presentaron un proyecto de ley para otorgarle amnistía a las personas que recibieron el Bono de Clase Media, o Aporte Fiscal, de manera irregular.

La moción busca librar de responsabilidad penal, sin perjuicio de que deberán restituir los recursos percibidos indebidamente, a quienes obtuvieron el beneficio tras cometer errores en la Declaración Jurada de solicitud.

Huenchumilla indicó que el proyecto surgió como una idea del diputado Jaime Mulet, quien el pasado 7 de octubre presentó junto a su par Esteban Velásquez, un proyecto de ley que buscaba conceder una extinción de «toda responsabilidad penal por los hechos cometidos» en este caso. Sin embargo, dado que las leyes sobre amnistía sólo pueden tener origen en la Cámara Alta, la iniciativa fue recogida por los senadores nombrados.

De acuerdo con el representante de la falange, la medida es «de toda justicia, porque aquí tenemos familias que en muchos casos necesitaban de este beneficio, y que además cometieron un error, actuando de buena fe».

«La pandemia vino a desvelar la precariedad del actual modelo en que vivimos, donde las personas y sus familias pueden calificar como integrantes de la clase media, pero se encuentran en la desprotección, viven endeudadas, y ante la eventualidad de perder su empleo, quedan totalmente a la deriva. Eso ocurre, independientemente de que calificaran o no para este beneficio puntual», agregó.

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Por su parte, el senador Araya mencionó «los problemas que tuvo la plataforma informática del Servicio de Impuestos Internos». «Por esa razón queremos hacerle un llamado al gobierno del presidente Sebastián Piñera, y al ministro Ignacio Briones, a buscar una solución«, añadió.

Mientras que el parlamentario Guillier sostuvo que el proyecto «intenta reparar la pésima implementación que ha realizado el Gobierno de los beneficios a los trabajadores afectados por la pandemia».

«Me parece razonable lo que propone este proyecto, que es limitar la persecución penal a 500 mil chilenos y chilenas que obtuvieron un beneficio que el Estado al parecer no debió entregarles. Cada peso público mal entregado debe ser recuperado. Otra cosa es iniciar una persecución penal contra esas personas, arriesgando penas incluso de cárcel o que perjudiquen sus antecedentes a futuro», concluyó.

Finalmente, el senador Araya agregó que «hay que recordar que el Gobierno les ha otorgado beneficios a grandes empresas perdonándoles sus deudas tributarias. Entonces, hoy corresponde hacer lo mismo con muchos chilenos que solicitaron este bono de buena fe y porque lo necesitaban».