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Alcalde Jorge Sharp solicitó reunión con Contraloría y Defensoría de la Niñez tras documento que acusó mal uso de subvenciones escolares

"Da cuenta de cosas que se venían haciendo hace muchos años de mala manera en la Corporación Municipal y se habían tendido a naturalizar", respondió el jefe comunal de Valparaíso.

10 DE JULIO DE 2020/VALPARAISOEl alcalde Jorge Sharp, en una actividad en donde autoridades anunciaron la recepcion de la recomendacion tecnica para la construccion del Parque Baron.
FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

10 DE JULIO DE 2020/VALPARAISO El alcalde Jorge Sharp, en una actividad en donde autoridades anunciaron la recepcion de la recomendacion tecnica para la construccion del Parque Baron. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

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Este martes, el alcalde Jorge Sharp se refirió al juicio de cuentas realizado por la Contraloría General de la República, en la que se detectó un mal uso de cerca de $931 millones de subvenciones escolares por parte de la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval).

Además, el jefe comunal anunció que solicitó una reunión con el contralor general, Jorge Bermúdez, y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, para investigar los hechos.

De acuerdo al extenso documento elaborado por el organismo fiscalizador, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019, «al interior del Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, operaron ‘áreas productivas‘ independientes de los talleres de las especialidades técnicas que imparten dichos liceos, cuyo objetivo fue la elaboración y comercialización de distintos bienes de consumo, así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, los cuales fueron vendidos a la propia Cormuval y a particulares».

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Al respecto, Sharp sostuvo que «el informe es categórico, es muy claro en muchos aspectos, y es categórico porque da cuenta de cosas que se venían haciendo hace muchos años de mala manera en la Corporación Municipal y se habían tendido a naturalizar. Se habían asumido como prácticas legítimas y válidas para el sistema de educación pública de Valparaíso».

«Nosotros teníamos pleno conocimiento de que un informe de estas característica iba a llegarnos«, agregó, para posteriormente, contextualizar, a su juicio, los hechos: «Más o menos desde fines de la década de los 90 e inicios de la década de 2000, el alcalde (Hernán) Pinto en su momento tomó la decisión en la Corporación Municipal de levantar en los liceos técnicos lo que se llaman Áreas productivas, asociadas a las prácticas profesionales que los jóvenes, los adolescentes, debían realizar para poder licenciarse o titularse de el área u oficio que ellos tomaron la decisión y formarse».

Agregó que «estas Áreas productivas han funcionado, por tanto, desde hace muchos años y siempre se pensó que éstas (…) eran entendidas e interpretadas como prácticas profesionales de los jóvenes. Por tanto, esta situación se viene arrastrando desde hace muchos años”.

“Nosotros llegamos a la Municipalidad a fines de 2016, a inicios de 2017, y lo que en definitiva la Contraloría nos dice es ‘esta forma de trabajar estos temas al interior de estas escuelas está mal, porque las Áreas productivas no están vinculadas a los procesos pedagógicos y por tanto, esas Áreas productivas realizan servicios o acciones fuera de la finalidad educativa que tienen los establecimientos educacionales'», complementó Sharp.

«Si existe alguna vulneración de derechos, voy a ser el primero en estar en tribunales»

Sharp también fue crítico con diversas entidades relacionadas a lo ocurrido, argumentando que su administración tenía conocimiento «de estas situaciones que señalan en el informe a fines de 2018, a inicios de 2019».

«Es decir, tanto en 2017 como en 2018, no hubo ninguna mención de la Superintendencia, de la Contraloría, de los concejales, de la directora del área, de los directores de ambos liceos, que nos dijeran ‘saben, gerente de la Corporación, sabe, alcalde, esto está mal. Esto pareciera que está reñido con lo que debiese ser, quizás es ilegal'», remarcó.

De esta manera, el alcalde de Valparaíso sostuvo que solicitó una reunión con el contralor general, Jorge Bermúdez, y la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, «para ponernos a disposición, entregar antecedentes, poder solicitar su colaboración, para abordar los temas de este informe«. Y agregó que “valoramos, rescatamos, agradecemos el trabajo de la Contraloría, no tenemos ningún problema en señalar aquello».

Finalmente, el edil de la comuna fue categórico en señalar que «si hay, si existe, si tiene lugar alguna infracción o alguna situación de vulneración de derechos, voy a ser el primero que va a estar en tribunales y en el lugar que sea para denunciar esa situación y que las responsabilidades se hagan efecto».

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