Caso Jaime Guzmán: Ministro Carroza ingresó solicitud para pedir traslado a Chile de exfrentistas
En paralelo, la UDI iniciará gestiones diplomáticas con Francia para explicitar la necesidad de acelerar este proceso.

El ministro Mario Carroza ingresó este lunes a la Corte Suprema la solicitud de extradición del exfrentista Ricardo Palma Salamanca para que la justicia y las autoridades tramiten su traslado desde Francia a Chile por el atentado que terminó con la vida del senador Jaime Guzmán.
Dicho trámite se suma a la orden de detención emanada el martes pasado considerando que tanto él como su pareja Silvia Brzovic se encuentran ubicables.
El juez Carroza considera que la falta de un tratado con Francia no debiera ser mayor problema para concretar este trámite considerando que Palma Salamanca sólo debe regresar a cumplir con la cadena perpetua que interrumpió tras su fuga de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) en 1996.
"A veces es más productivo el hecho de trabajar con el principio de la reciprocidad en materia internacional y, con ello, podríamos solucionar el problema -si así fuera- de una persona que ya está condenada en Chile", señaló.

Por su parte, la UDI iniciará gestiones diplomáticas con Francia para explicitar la necesidad de acelerar este proceso, ya que se trata de un crimen considerado como atentatorio contra el Estado de Derecho, una vez establecido con el regreso de la democracia.
El diputado Issa Kort y el senador Juan Antonio Coloma, quienes también realizaron las gestiones en Argentina para quitarle el refugio político a Sergio Galvarino Apablaza, esperan que el país galo también colabore con la extradición de Palma Salamanca.
"A pesar de que no hay un convenio de extradición, sí tenemos la confianza de que esta vez es posible, porque la ley que le permite a Francia no extraditar aplica sólo a ciudadanos franceses", dijo el primero de los parlamentarios.
El ministro Carroza además descartó que se solicite una nueva extradición contra Sergio Galvarino Apablaza a Argentina, considerando que ésta ya está tramitada y autorizada por la Corte Suprema del país transandino desde 2010.
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