Gobierno alista nuevo reglamento para la Ley Karin: buscará filtrar denuncias y agilizar investigaciones

El Gobierno prepara la publicación de un nuevo reglamento para la Ley Karin (norma que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo) con el objetivo de optimizar la aplicación de la ley y descongestionar los canales de tramitación.

De acuerdo con un borrador al que tuvo acceso Pulso, la principal modificación apunta a establecer un control de admisibilidad en la recepción de las denuncias, criterio que actualmente está prohibido de forma expresa.

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La nueva propuesta exigirá antecedentes mínimos para iniciar las indagatorias y regulará los casos de denuncias inconsistentes, otorgando un plazo de tres días a los denunciantes para complementar la información requerida. La medida busca evitar el ingreso de requerimientos que no corresponden a esta normativa y que hoy generan importantes retrasos en las causas.

Asimismo, el texto contempla que la Dirección del Trabajo (DT) implemente un sistema de seguimiento mediante un número asignado al trámite, permitiendo a las partes involucradas conocer el estado del proceso mientras se resguarda la confidencialidad.

Respaldos e impacto en los plazos

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió los ajustes presentados ante el Consejo Superior Laboral, instancia donde participan la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Lo que estamos viendo es que la implementación de la ley no está siendo de una forma correcta. Tenemos un exceso de demanda, estamos llegando tarde con las respuestas de la Dirección del Trabajo. Nosotros tenemos que trabajar en una mejor implementación de la ley y eso es lo que intenta este nuevo reglamento”, afirmó el secretario de Estado, precisando que la propuesta se encuentra en sus últimos ajustes antes de ser enviada a la Contraloría General de la República.

Por su parte, desde el sector empresarial respaldaron la necesidad de fijar criterios de entrada.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, advirtió en radio Infinita sobre el “aumento explosivo de denuncias” y las dificultades operativas de las pymes para separar a los involucrados durante el proceso, señalando que la falta de un filtro inicial “sobrepasa a la Dirección del Trabajo, genera una congestión enorme en una institución que en vez de resolver en 30 días como corresponde, se puede demorar 8, 9, 10 meses”, esgrimió.

“Cualquier cambio debe partir de un principio básico: fortalecer la Ley Karin y no retroceder en la protección de las y los trabajadores frente a la violencia, el acoso y los abusos en los espacios laborales”, aseveró Karen Palma, vicepresidenta de la mujer y equidad de género de la CUT

Insistió en que: “hay aspectos de su implementación que ha quedado claro que requieren mejoras, pero el camino no puede ser levantar nuevas barreras, filtros o mecanismos que entorpezcan las denuncias o generen desconfianza en una herramienta que todavía está en proceso de consolidación”, dijo.