ONU detectó que la policía de Perú hizo «uso innecesario y excesivo de la fuerza» durante protestas de noviembre de 2020
El informe detalla que los "agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta".
LIMA, PERU - NOVEMBER 17: Riot police officers stand guard during a protest to demand justice for the deaths of two young demonstrators who were killed during a protest on November 17, 2020 in Lima, Peru. Lawmakers chose Sagasti to become interim president until the next presidential elections scheduled for July 28th, 2021. He is the third president in a week after the Congress removed Martin Vizcarra and protests forced the resignation of interim Manuel Merino on Sunday. (Photo by Beto Baron/Getty Images)
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU determinó que «la policía de Perú hizo un uso innecesario y
excesivo de la fuerza ante las protestas masivas ocurridas entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020″, cuando miles de peruanos salieron a manifestarse luego que el Congreso removiera al presidente Martín Vizcarra.
El informe detalla que los «agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta».
«La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Dos manifestantes murieron por perdigones de escopeta disparados contra su torso y más de 200 personas, incluidos transeúntes, resultaron heridas», dice el texto.
«El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales«, comentó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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La Alta Comisionada destacó que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva, notando que algunas investigaciones preliminares ya han sido iniciadas.
Además, destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones. «El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos», dijo.
Otra preocupación identificada en el informe es que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron arrestos, en contravención de las normas internacionales.
Varias personas entrevistadas describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la COVID-19. Diez detenidos relataron a la misión de la ONU haber sufrido abusos físicos y ocho señalaron presuntos abusos psicológicos, lo que podría constituir tortura o malos tratos. La misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres.
El informe también documenta restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a personas defensoras de derechos humanos que cubrían las protestas, indicando un menoscabo al derecho a la libertad de expresión.