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Ministro Marcel y paro de camioneros: «Reabrir una negociación que cerró positivamente nos parece inadecuado e improcedente»

El titular de Hacienda llamó a las organizaciones a "resolver sus propias dificultades internas", ante los trascendidos de conflictos entre los dirigentes y los asociados de los gremios: "El costo que eso ocurra lo paga la ciudadanía".

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De dulce y de agraz tuvo la jornada de miércoles en el Congreso para el ministro de Hacienda, Mario Marcel: por una parte, valoró que en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados se votaran las propuestas de reforma tributaria referidas a administración tributaria, modificación del Código Tributario, impuestos internos, tesorería y tribunales tributarios; además, se han despachado «buena parte» de las normas relacionadas a reducción de elusión y evasión. Lo de agraz fue por los camioneros.

Los transportistas tienen interrumpido el tránsito en distintas carreteras del país. Sobre esto, y específicamente sobre las propuestas de los manifestantes, Marcel las calificó de «desproporcionadas, ligadas a una amenaza o a una paralización que dificulta el derecho de las personas a transitar por las carreteras del país, de poder concurrir a su trabajo o a una cita médica, eso tenemos sobre la mesa».

«Reabrir una negociación que se tuvo, que cerró positivamente, sobre la base de dificultad la vida de todas las chilenas y chilenos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, nos parece inadecuado, improcedente y con los problemas de legalidad que ha planteado el ministerio del Interior», complementó luego.

Lo anterior, pues el pasado lunes el Ejecutivo cerró con un «acta de acuerdos» una reunión con cinco organizaciones nacionales de camioneros: la Confederación Nacional de Transportes de Cargas de Chile; la Confederación Nacional de Dueños de Camiones; Chile Transportes; la Federación Gremial Nacional de Buses de Transporte de Pasajeros; y la Asociación de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales. «En ese trabajo se llegó a un conjunto de acuerdos que fueron puestos en un acta que alude a todos los temas que han sido planteados por los camioneros en las últimas semanas y respecto de las cuales el Ejecutivo se allanó a un conjunto de medidas», explicó el secretario de Estado.

Las medidas consideran la vigencia del MEPCO; crear un mecanismo de estabilización del petróleo diesel por un plazo de 90 días; establecer un límite al incremento de precios en combustibles que pudiera producirse al cabo de 90 días, si es que hubiera aumento de precios de costos de internación; ajustes cada 15 días, en lugar de semanales, una vez concluido ese plazo de tres meses; ampliar la vigencia del reintegro parcial del impuesto específico en al menos por un año completo; otros acuerdos relacionados con la seguridad en las carreteras, incluyendo planes de prevención y control de rutas por parte de carabineros; zonas de descanso seguras en la macrozona norte; un seguro complementario de carácter público; mejoramiento de conectividad digital en la macrozona norte; y acuerdos que apuntan a la reducción de la informalidad en el sector; el tratamiento tributario del leasing para adquisición de material de transporte; temas previsionales del sector y la operatividad del sistema de peajes para el transporte de carga de pasajeros.

«En esta acta de acuerdos se abarcaron todos los temas planteados por el gremio en las semanas. No es una propuesta del Ejecutivo, no es un borrador ni un ejercicio tentativo», apuntó Marcel.

En ese momento, hubo incluso celebración por parte de los dirigentes. Pero una facción de los camioneros, la movilizada, quieren rebajar todos los combustibles, de forma inmediata y por seis meses, en un 30%. «Entonces, más allá de manifestar la contrariedad que genera tener un acuerdo y al día subsiguiente manifestar una demanda de estas magnitudes, es importante que la ciudadanía entienda la magnitud de estas demandas: el costo fiscal de reducir en 30% el precio de combustibles y mantenerlo por seis meses es del orden de los US$2.500 millones, si es que los precios de internación se mantienen como hoy están. Si el dólar subiera un 10%, el costo se incrementaría a US$4.500 millones. Si el tipo de cambio subiera a ese 10% y además los precios internacionales de los combustibles volvieran a niveles de hace un mes atrás, el costo fiscal planteado por esta organización subiría a US$6.500 millones», contextualizó luego el expresidente del Banco Central. 

Luego siguió: «Pensemos que el bono de invierno que se entregó en agosto pasado costó US$1.000 millones, un beneficio que alcanzó a alrededor de 7.5 millones de personas. En otras palabras, en la estimación más conservadora del costo que plantea esta organización, es de dos y medio veces un beneficio que alcanzó a 7.5 millones de personas. El presupuesto de la salud primaria, otro ejemplo: es de US$3.000 millones. O sea, en su versión más conservadora, esta demanda equivale a todo el presupuesto de la salud primaria.  La mitad del crecimiento de gasto público en 2023, en lugar de destinarse a educación, vivienda, salud, reducción de listas de espera en hospitales o aumento de PGU, tendría que destinarse a subsidiar combustibles».

Con todo, y según la información que maneja el ministro, existen problemas entre la dirigencia y los asociacidos de los gremios. «El problema es que el costo que eso ocurra lo paga la ciudadanía (…) Corresponde a los propios gremios resolver sus propias dificultades internas, hacer los esfuerzos correspondientes. Pero eso no se puede hacer a costa del bienestar de la ciudadanía, ni del fisco, con estas magnitudes desproporcionadas», cerró.

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