Proyecto diseñado por hermano de ministro Quiroz vuelve al debate por construcción en dunas de Concón
La iniciativa volvió al centro de la discusión tras las declaraciones de la alcaldesa Macarena Ripamonti.
Proyecto diseñado por hermano de ministro Quiroz vuelve al debate por construcción en dunas de Concón
El proyecto inmobiliario Alto Santorini volvió a estar en el centro de la discusión luego de que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, cuestionara públicamente que aún existan iniciativas que busquen construirse en las dunas de Concón.
Durante una entrevista con Mega, la jefa comunal afirmó que, pese a que el municipio modificó el Plan Regulador para impedir nuevas edificaciones en las dunas, todavía hay personas que mantienen acciones judiciales para sacar adelante proyectos inmobiliarios.
La iniciativa, impulsada por la inmobiliaria Lote 21 SpA, contempla un edificio de 15 pisos y 177 departamentos en un terreno ubicado junto al Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.
Según el citado medio, el diseño arquitectónico fue desarrollado por la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos, liderada por Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
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El proyecto, cuya inversión alcanza los US$35 millones, obtuvo el pasado 23 de junio la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso.
Posteriormente, el 8 de julio, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió la Resolución de Calificación Ambiental que permitió continuar con su tramitación.
Sin embargo, el proyecto sigue enfrentando un proceso judicial iniciado en 2019.
Según El Mostrador, la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán buscan que se declare ilegal el permiso de edificación otorgado en 2017, al sostener que fue aprobado sin un Estudio de Impacto Ambiental.
Finalmente, desde el municipio indicaron que tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema establecieron que las obras no podían ejecutarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. No obstante, el caso sigue pendiente de una resolución definitiva.
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