Tendrían vínculos con una carabinera y un militar: desarticulan red que fabricaba armas con impresoras 3D
El operativo dejó 57 imputados y 70 armas incautadas, entre ellas 14 fabricadas con tecnología 3D. La red operaba a través de Telegram e incluía a adolescentes, una carabinera y un funcionario del Ejército.

20 de julio de 2026/SANTIAGO El Fiscal Jefe Supraterritorial Miguel Ángel Orellana, junto a el Director General de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, el jefe Nacional Contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, y el Fiscal Regional Metropolitano Occidente Marco Pastén, se refirieron a la Operación 3D, donde se detuvo a 45 personas -ocho de ellas menores de edad- quienes conformaban una estructura criminal dedicada a la elaboración mediante el uso de impresoras 3D tanto de armas de fuego, como elementos prohibidos en la Ley N° 17.798; así como al tráfico de armas de fuego convencionales, artesanales y modificadas y partes, entre otros delitos. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott
Una organización criminal dedicada a la fabricación y comercialización de armas de fuego mediante impresoras 3D fue desarticulada tras un amplio operativo realizado en 12 regiones del país. La investigación dejó 57 imputados y 70 armas incautadas, de las cuales 14 fueron elaboradas total o parcialmente con tecnología de impresión tridimensional.
Entre los involucrados aparecen tres adolescentes de entre 16 y 17 años, quienes cumplían funciones como armadores digitales. La estructura utilizaba una cuenta de Telegram para reunir a vendedores, compradores y personas interesadas en adquirir armas, conformando una comunidad que habría alcanzado cerca de mil usuarios.
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La indagatoria también permitió identificar la participación de una funcionaria de Carabineros y un militar del Ejército, quienes fueron formalizados el viernes y quedaron en prisión preventiva. El funcionario castrense fue imputado por tráfico ilícito de armas y municiones, debido a su presunto rol como comercializador dentro de la red.
La carabinera, en tanto, fue formalizada por asociación criminal y cohecho reiterado. Según explicó el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, la funcionaria habría recibido dinero de integrantes de la estructura a cambio de proporcionarles información.
Del total de imputados, siete ya se encontraban cumpliendo prisión preventiva o condenas por delitos como homicidio y secuestro. El resto será formalizado durante esta jornada, luego de los allanamientos realizados en cerca de 100 domicilios distribuidos en distintas zonas del país.
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