Formalización de director de Seguridad de Yumbel por pistola irregular reabre debate por armas municipales en Chile
El funcionario quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, luego de que Carabineros detectara que el arma había sido comprada sin realizar su inscripción legal.
Octava jornada de formalización por caso "Operación Apocalipsis"
Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó el director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Yumbel, José San Martín, luego de ser formalizado por mantener una pistola adquirida de manera irregular y sin la inscripción exigida por la ley.
El caso fue descubierto mientras el OS9 de Carabineros investigaba el robo de cerca de 16 armas que afectó en abril pasado a un coleccionista de la Región del Biobío.
Durante las diligencias, se estableció que otra de sus pistolas había sido vendida previamente al funcionario municipal, pero sin realizar el trámite legal de transferencia, por lo que continuaba inscrita a nombre del antiguo propietario.
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“Había una que había sido comercializada sin las autorizaciones que la ley exige. No hay registro y es parte del trabajo investigativo que va a continuar luego de esta detención junto al Ministerio Público”, explicó el teniente coronel José Rubio, de Carabineros.
La institución precisó que el arma estaba en condiciones de ser utilizada. Sin embargo, hasta ahora no existen antecedentes de que haya sido disparada o empleada en algún delito.
Aunque la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles determinó que no se cumplían los requisitos para decretar dicha medida cautelar.
El caso también reabrió el debate sobre el eventual uso de armas por parte de funcionarios de seguridad municipal. El presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, Ricardo Fuentes, sostuvo que la discusión debe continuar.
“Hay algunos que estamos favorables a poder crear una policía municipal y otros no”, señaló el dirigente.
Por su parte, la Municipalidad de Yumbel informó que está colaborando con la investigación y confirmó que adoptó medidas administrativas respecto del funcionario, aunque no entregó mayores detalles.
Desde el Gobierno, el seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, aseguró que “cualquier persona que mantenga un arma al margen de la ley debe responder ante la justicia, sin importar el cargo que desempeñe”.
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