Ministro de Seguridad Pública y Ley Penal Adolescente: “Es un paquete bastante robusto”
El Gobierno pondrá discusión inmediata al proyecto que endurece la responsabilidad penal adolescente, con medidas para que jóvenes de 16 y 17 años puedan ser juzgados como adultos en delitos graves.
Agencia Uno
El Gobierno prepara un cambio profundo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con el objetivo de endurecer el tratamiento judicial para jóvenes de 16 y 17 años involucrados en delitos graves. La iniciativa será impulsada con discusión inmediata en el Congreso.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que el proyecto ya se encuentra avanzado y que el Ejecutivo ingresará indicaciones para reforzar su contenido.
“Hay un proyecto de ley que está bastante avanzado en el Congreso, al cual le vamos a poner discusión inmediata”, señaló.
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Los delitos graves que podrían cambiar el criterio judicial
Según detalló la autoridad, la propuesta contempla un catálogo de 17 delitos, entre ellos homicidios, daños, incendios, violaciones y otros ilícitos de alta gravedad. En esos casos, los adolescentes de 16 y 17 años podrían enfrentar un tratamiento penal más severo.
“Lo que hace esta ley es que establece un catálogo de 17 delitos donde están homicidios, daños, incendios, violaciones, varios delitos graves”, afirmó Arrau. Además, precisó que se deja abierta la opción de sumar otros delitos con presidio perpetuo calificado.
Uno de los puntos centrales es que, bajo ciertas condiciones, los adolescentes puedan ser juzgados como adultos. “Los menores de edad de 16, 17 años podrán ser juzgados como adultos si lo solicita la fiscalía y un juez así lo determina”, explicó el ministro.
La iniciativa también busca modificar el tratamiento de los antecedentes penales. Arrau indicó que el proyecto “elimina la irreprochable conducta previa” y recordó que, hasta ahora, a los menores se les borraban antecedentes. Con el cambio, quienes sean condenados por estos delitos conservarán ese registro si vuelven a delinquir al ser adultos.
Otro eje apunta al cumplimiento de penas. “Cuando cumplan 18, si el informe así lo determina, los tribunales van a estar obligados a enviar a estos menores, cumpliendo la mayoría de edad, a los recintos penitenciarios de adultos administrados por Gendarmería”, sostuvo.
Además, el Gobierno evalúa aumentar las penas a bandas que utilicen menores de edad para cometer delitos, con el fin de desincentivar su participación en organizaciones criminales.