El Gobierno alista una serie de modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego del crimen de Alejandro Águila en San Bernardo, caso que reabrió el debate por las sanciones que reciben menores de edad involucrados en delitos violentos.

Aunque la discusión tomó fuerza tras este hecho, el trabajo ya venía desarrollándose desde hace al menos dos semanas entre el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quienes han revisado fórmulas para endurecer la respuesta penal en los casos más graves.

La base de esas conversaciones ha sido una moción parlamentaria presentada en 2022 por el actual senador Andrés Longton (RN), iniciativa que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional y lista para ser votada en general en la Sala del Senado.

A diferencia de otras propuestas que apuntan a modificar la edad de imputabilidad, el proyecto busca intervenir las reglas que hoy permiten rebajar las penas de adolescentes entre 14 y 17 años, tramo donde se concentra gran parte de los delitos cometidos por menores.

“Que los menores de edad que le quitaron la vida a Alejandro hayan estado en libertad a pesar de los sucesivos delitos violentos que habían cometido revela que no solo las penas sino que las reglas dentro determinación de las mismas son permisivas y excesivamente garantistas”, afirmó Longton, según consignó La Tercera.

Los detalles

Entre los cambios que evalúa La Moneda está la creación de un mecanismo de transferencia judicial, que permitiría que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados bajo las reglas del sistema penal adulto cuando se trate de delitos especialmente graves, como homicidio, secuestro o uso de artefactos explosivos.

Esta medida no sería automática. De acuerdo con las conversaciones del Ejecutivo, sólo podrá ser solicitada por el Ministerio Público y debería ser resuelta por un juez en una audiencia especial, donde también participe la defensa. Para tomar la decisión, se considerará la gravedad del hecho, el nivel de participación del imputado, su historial delictivo y el riesgo para la seguridad de la sociedad.

Las indicaciones también incluirían la reincidencia en mayores de 14 años y el traslado a cárceles de adultos de quienes cumplan 18 años mientras aún mantienen penas de reclusión pendientes, siempre dentro del catálogo de delitos de mayor gravedad.