“Ley Alejandro”: Las medidas impulsadas por la familia del niño asesinado en encerrona en San Bernardo
Luego del funeral del niño de 12 años, sus padres anunciaron una iniciativa para aumentar las penas por delitos violentos y evitar que otras familias vivan una tragedia similar.
Agencia Uno / Hans Scott
La familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió tras una encerrona en San Bernardo, anunció que impulsará un proyecto denominado “Ley Alejandro”, con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes participen en delitos violentos y reforzar el apoyo a las víctimas.
El anuncio se realizó este sábado, un día después del multitudinario funeral del menor, en un punto de prensa efectuado en el Estadio Monumental.
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Durante la actividad, el padre del niño agradeció las muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores del país y aseguró que el principal propósito de la iniciativa es evitar que otras familias enfrenten una tragedia similar.
La propuesta busca que quienes participen en encerronas, robos violentos u otros delitos cometidos en grupo cumplan condenas efectivas y sin beneficios, independientemente de su edad. Además, plantea revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y crear una pensión provisoria para las familias afectadas mientras enfrentan las consecuencias del delito.
“Como familia hoy solo queremos justicia. Esperamos que los asesinos de nuestro hijo reciban la pena máxima que permita la ley”, expresó el padre de Alejandro, quien adelantó que comenzará gestiones para conseguir respaldo político a la iniciativa.
“No queremos izquierda ni derecha, queremos justicia”, sostuvo, insistiendo en que el caso debe impulsar cambios concretos en la legislación.
El anuncio se produce mientras avanza la investigación por la encerrona ocurrida la madrugada del 23 de junio. Según la Fiscalía Metropolitana Occidente, los imputados habrían continuado su huida pese a advertir que el menor era arrastrado por el vehículo robado, sin detenerse para auxiliarlo. La indagatoria también apunta a que el grupo operaba de forma coordinada y podría estar vinculado a otros delitos similares.
Hasta ahora, la causa mantiene a los adultos imputados en prisión preventiva y a los adolescentes con la medida cautelar de internación provisoria, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes para esclarecer completamente el crimen que conmocionó al país.