Juzgado de Valparaíso ordena peritaje independiente por casas que Minvu busca demoler en El Olivar de Viña del Mar
La medida fue solicitada por la Constructora San Sebastián, que cuestiona las observaciones realizadas por las autoridades a 170 viviendas reconstruidas tras el megaincendio de 2024.
Ministro Ivan Poduje por las Viviendas en El Olivar / Constanza Ovalle
La disputa por las viviendas reconstruidas en el sector El Olivar de Viña del Mar sumó un nuevo capítulo luego que el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso acogiera una solicitud presentada por la Constructora San Sebastián, en medio de la controversia con el Ministerio de Vivienda por la eventual demolición de inmuebles que presentan observaciones estructurales.
La cartera encabezada por Iván Poduje determinó previamente que 170 viviendas debían ser demolidas o desmontadas debido a fallas detectadas en las obras.
Frente a ello, la empresa constructora solicitó una medida prejudicial probatoria, argumentando que una eventual demolición podría eliminar evidencia relevante para un futuro proceso judicial.
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En una resolución dictada el 16 de junio, el juez Luis García determinó que “se hace lugar a lo solicitado, sólo en cuanto a que se decreta como medida prejudicial probatorio el informe de una perito ingeniero o constructor civil, respecto de los puntos señalados en la presentación, con citación".
“Negado reiteradamente a encausar este conflicto”
Tras conocerse la decisión, el abogado de la constructora, Jaime Barrientos, valoró la medida y afirmó que “el 2º Juzgado Civil de Valparaíso ha acogido una solicitud que hemos ingresado en representación de Constructora San Sebastián para designar peritos imparciales que puedan determinar si efectivamente se ejecutó lo proyectado".
Además, sostuvo que la empresa “en todo momento ha cumplido el contrato y el proyecto aprobado por el Serviu".
Barrientos también cuestionó el actuar del Ministerio de Vivienda, señalando que lamenta que el ministro Poduje “se haya negado reiteradamente a encausar este conflicto como debió ser desde un comienzo".
Asimismo, aseguró que las decisiones adoptadas terminarán afectando a las familias beneficiarias, ya que “los vecinos van a ver ciertamente retrasada la entrega de sus casas por una decisión que obedece más bien a criterios políticos que técnicos”.