Cámara de Diputados aprueba endeudamiento adicional por USD 6.200 millones solicitado por el Ejecutivo
La Sala visó la iniciativa de la administración del Presidente Kast, cuyos fondos se destinarán a cubrir el déficit fiscal y regularizar pagos con proveedores hasta fines de 2026.
Agencia Uno
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, tanto en general como en particular, el proyecto de ley promovido por el Ejecutivo bajo el boletín 18296, el cual solicita una autorización de endeudamiento adicional por USD 6.200 millones. De acuerdo con las disposiciones contenidas en el articulado, esta facultad financiera excepcional otorgada al Presidente de la República podrá materializarse de forma continua hasta el 31 de diciembre de 2026 , permitiendo para dichos fines la emisión y colocación de bonos u otros documentos valorados en moneda nacional o extranjera.
Según la planificación técnica expuesta por el Gobierno durante el trámite legislativo, el requerimiento de mayor endeudamiento se fundó en tres materias estructurales:
- Déficit fiscal elevado: Se proyecta un descalce de USD 3.800 millones por encima de lo contemplado originalmente en la Ley de Presupuestos 2026, gatillado principalmente por una contracción en los ingresos públicos efectivos.
- Efecto cambiario: Una apreciación del peso respecto al dólar obliga a disponer de más divisas para financiar el mismo nivel de obligaciones en moneda nacional, calculándose que “cada dólar rinde menos pesos chilenos”, una variable con un impacto de USD 900 millones.
- Deuda flotante: Se requieren USD 1.500 millones para atender de manera oportuna las obligaciones financieras pendientes del Estado con sus proveedores y, en paralelo, fortalecer la posición de liquidez de las arcas del Tesoro Público.
La ejecución de esta prerrogativa se canalizará formalmente mediante decretos supremos visados por el Ministerio de Hacienda, documentos en los cuales se identificará el destino específico de los compromisos contraídos y las fuentes de recursos que sustentarán el servicio de la deuda. Con el fin de asegurar mecanismos de fiscalización, copias de estos decretos deberán ser remitidas a las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado dentro de un plazo de 15 días hábiles posteriores a su publicación en el Diario Oficial.
Argumentos cruzados y acusaciones de herencia económica
El debate en el hemiciclo estuvo marcado por un fuerte quiebre de posturas entre los bloques políticos. Desde las bancadas oficialistas y de derecha —que integran partidos como la UDI, Republicanos, Renovación Nacional, Libertarios y Evópoli— se defendió la necesidad de avanzar en la propuesta, argumentando que el escenario de estrechez fiscal deriva directamente de un mal ejercicio de la administración anterior de Gabriel Boric. Los parlamentarios de este sector criticaron la existencia de estimaciones de ingresos erradas, la postergación de pagos del año 2025 al 2026 y maniobras presupuestarias que habrían dejado una caja fiscal ajustada. Si bien reconocieron que aumentar la deuda representa una decisión compleja de respaldar, plantearon su voto afirmativo como un acto de responsabilidad fiscal.
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Esta posición fue secundada por sectores del centro político, quienes apelaron a la urgencia de sostener la continuidad de los programas de salud pública y cumplir con la obligación legal de saldar las deudas pendientes del Estado con miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.
Por el contrario, las bancadas del Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS) y el PPD manifestaron un rechazo generalizado a la idea de elevar los niveles de endeudamiento de la nación. Los legisladores de oposición refutaron las razones del Ejecutivo, estimando que los fondos no irán a contener el déficit operativo, sino a solventar los costos del proyecto de reconstrucción nacional. En esa línea, expresaron su disconformidad con la rebaja de impuestos contemplada en dicha propuesta —la cual, a su juicio, beneficia a los sectores de mayores ingresos— mientras se acusan recortes en la ejecución de los programas sociales.
Postura de Hacienda y desglose de la votación
Ante los cuestionamientos del bloque opositor, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, intervino para refrendar el diseño financiero del erario público. La autoridad sectorial aseveró de forma tajante que el presupuesto de 2026 no se encuentra adecuadamente financiado y que resulta imperativo resolver los problemas de arrastre con los proveedores institucionales. Asimismo, el secretario de Estado aseguró que la cartera se encuentra desplegando esfuerzos técnicos para asegurar que las reestructuraciones presupuestarias en el área de la Salud se absorban mediante mejoras de gestión interna, enfatizando que “siempre priorizaremos la atención de los pacientes”.
Al momento de las definiciones, la propuesta gubernamental fue aprobada en general tras registrar 94 votos a favor, 52 en contra y una sola abstención.
En la revisión del articulado en particular, la Sala de la Cámara rechazó dos indicaciones renovadas por las bancadas opositoras. Dichas enmiendas buscaban obligar al Ejecutivo a proveer información detallada respecto al cronograma de pago de la deuda flotante, especificar el aumento del gasto público efectivo junto a las proyecciones de pago por concepto de intereses, y evaluar formalmente el impacto que generaría la pérdida de recaudación efectiva en la implementación de las modificaciones al sistema tributario del país.