Ministro Alvarado defiende Registro de Vándalos y anuncia posible retiro de pensiones de gracia a personas condenadas

El biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, abordó este martes la intensa contingencia política y legislativa que enfrenta el Ejecutivo. En sus declaraciones, la autoridad despejó dudas sobre normativas en materia de seguridad ciudadana como el polémico Registro Nacional de Vándalos, abordó la controversia por las pensiones de gracia y fijó la postura del gobierno frente al proceso acusatorio que envuelve al ministro Grau.

Pensiones de gracia y probidad administrativa

Frente al debate por la entrega y mantención de las pensiones de gracia, el vocero confirmó que el Ejecutivo cuenta con las facultades legales para revocar estos beneficios si los receptores incurren en conductas ilícitas. Alvarado explicó que existen “procedimientos administrativos” para ello, ya que al tratarse de un beneficio presidencial, una nueva autoridad puede evaluar que los méritos para otorgarlo se extinguieron. En ese sentido, fue enfático en señalar que “los recursos de todos los chilones chilenos para una gracia presidencial no puede estar disponible para personas que están cometiendo delitos”.

En el mismo ámbito de probidad, el biministro salió al paso de los cuestionamientos hacia la jefa de gabinete del Presidente, quien fue escrutada por recibir un subsidio habitacional en el pasado. El secretario de Estado restó gravedad al asunto, aclarando que fue un proceso realizado hace 15 o 20 años bajo la modalidad de renovación urbana y no de focalización social. Dado que la funcionaria no poseía una vivienda inscrita previamente y contaba con los ahorros requeridos, el vocero dio por zanjada la polémica afirmando que “está todo dentro del marco de la ley”.

El debate legislativo: Registro de Vándalos y Reconstrucción

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la clarificación de los alcances del Registro Nacional de Vándalos, proyecto que se prepara para iniciar su trámite en la Cámara de Diputados. Ante las críticas de la oposición respecto a la inclusión o exclusión de ciertas sanciones, el ministro explicó que el foco fundamental del proyecto es que las personas que cometen “delitos o incivilidades que afectan la normal convivencia entre vecinos tengan una sanción de carácter social”.

El vocero marcó una diferencia radical respecto a la posibilidad de incluir los delitos económicos en esta nómina. Alvarado argumentó que ese tipo de infracciones operan en un carril distinto, advirtiendo que “los delitos económicos el que lo comete es un delincuente por lo tanto tiene una sanción penal”, por lo que corresponden a materias ya cubiertas por el Código Penal. El registro, insistió, busca castigar las situaciones “que incomodan, que molestan a la ciudadanía”. Asimismo, al referirse al levantamiento del secreto bancario exigido por algunos sectores, precisó que esta medida “tiene otra lógica”, ya que depende exclusivamente de una resolución y el dictamen de los tribunales de justicia.

Por otra parte, respecto al crucial proyecto de reconstrucción nacional, la autoridad valoró el aparente cambio de tono de la oposición, que pasó de un rechazo total a manifestar disposición al diálogo. Sobre la posibilidad de instalar una mesa técnica, señaló que “cualquier avance que diga relación con ese cambio de actitud inicial lo evaluaremos en su minuto”.

Proyecciones económicas y el caso Grau

Finalmente, Alvarado se refirió a las críticas que apuntan al Ejecutivo por las estimaciones financieras y a la acusación que enfrenta el ministro Grau. El vocero reconoció que “todas las proyecciones se hacen en base a supuestos y estimaciones”, pero subrayó la importancia de mantener el rigor técnico en los modelos. Esto, con el fin de evitar episodios del pasado que terminaron muy alejados de la realidad “y donde incluso en algunos casos daba para pensar de cierta manipulación de datos”.

Consultado directamente sobre las consecuencias políticas de los errores de cálculo de su par en el gabinete, el biministro tomó distancia del debate legislativo y se limitó a señalar que el futuro del secretario de Estado “lo determinarán, ¿no es cierto?, los parlamentarios respecto a la acusación que se encuentra en trámite”.