Fiscal Barros tras golpe al Tren de Aragua: “Es la primera vez que les pegamos donde más lo resienten”
La “Operación Tokio” detectó movimientos por más de $78 mil millones vinculados a extorsiones, trata de personas, secuestros y narcotráfico.
Agencia Uno / Hans Scott
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, calificó como un golpe histórico contra el Tren de Aragua el megaoperativo que permitió desarticular una red de lavado de activos asociada a la organización criminal y que habría movilizado más de $75 mil millones, equivalentes a cerca de US$85 millones.
La denominada “Operación Tokio”, desarrollada por la Fiscalía y la PDI tras más de un año de investigación, permitió solicitar 19 órdenes de detención. Hasta ahora se concretó la captura de 18 imputados, además de dos personas detenidas en flagrancia, junto con la incautación de dinero y el congelamiento de diversas cuentas bancarias.
Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete
Durante un punto de prensa, Barros explicó que la estructura investigada operaba mediante múltiples cuentas y transacciones internacionales que permitieron sacar recursos desde Chile utilizando empresas vinculadas al mundo de las criptomonedas.
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El persecutor precisó que la investigación no apunta contra una institución bancaria, sino contra un ejecutivo acusado de facilitar las operaciones financieras de la organización.
“Estamos hablando de una cifra superior a los $78 mil millones que salieron de nuestro país hacia otros países”, señaló el fiscal, quien describió el caso como uno de los mayores esquemas de lavado de dinero vinculados al Tren de Aragua detectados en territorio nacional.
Sin embargo, para Barros, la relevancia del operativo va más allá de la cantidad de dinero involucrada. “Es la primera vez que les pegamos donde más lo resienten, que es en el patrimonio”, afirmó. A su juicio, detener integrantes de estas organizaciones no siempre resulta suficiente, ya que suelen ser reemplazados rápidamente. “Cuando les pegamos en el negocio, en el giro del negocio, es donde más les va a repercutir”, sostuvo.
Por su parte, el subprefecto de la PDI, Sergio Sepúlveda, detalló que la investigación permitió establecer ganancias provenientes de extorsiones, contrabando, tráfico de drogas, secuestros, trata de personas con fines de explotación sexual y otras actividades ilícitas. Además, confirmó que existen coordinaciones internacionales en curso, incluyendo diligencias en Colombia, debido al carácter transnacional de la organización criminal.
La causa continúa en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas detenciones ni nuevas medidas patrimoniales contra la red.
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