Contraloría detecta que se realizaron cultivos de marihuana con subsidios estatales
Una auditoría a la Dirección Regional Metropolitana reveló un nulo control sobre los beneficiarios, beneficiando a personas con condenas penales, falsos agricultores y propietarios de autos de lujo.
Contraloría detecta que se realizaron cultivos de marihuana con subsidios estatales / Olena Ruban
Un duro golpe a la probidad y los mecanismos de control interno reveló el Informe Final N° 80 de 2026 de la Contraloría General de la República (CGR). La auditoría, que examinó el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) durante todo el periodo 2024, expuso una preocupante ausencia de fiscalización que permitió destinar fondos públicos a personas con antecedentes penales vigentes y a usuarios que no cumplían con los perfiles socioeconómicos exigidos.
El hallazgo más alarmante del organismo fiscalizador determinó que el servicio no aplicó filtros básicos para chequear la actividad real de los predios financiados. De este modo, INDAP otorgó créditos de fomento a tres beneficiarios que registraban antecedentes por actividades ilícitas en sus terrenos: dos de ellos destinados al cultivo ilegal de plantas de marihuana y un tercero vinculado al delito de usurpación de aguas.
El perfil de los falsos beneficiarios: Autos de lujo e ingresos externos
El estatuto de INDAP estipula con claridad que los recursos deben ir en ayuda exclusiva de la agricultura familiar campesina. Sin embargo, la Contraloría detectó un masivo incumplimiento en las condiciones de elegibilidad:
- Patrimonio elevado: Se constató que 10 beneficiarios poseían vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF (sobre los $128 millones de pesos) y otros dos presentaban un capital propio tributario por sobre dicho límite.
- Fuentes laborales ajenas al campo: 16 personas recibieron un total de $51.950.000 a pesar de que sus principales fuentes de ingresos declaradas correspondían a remuneraciones estables, honorarios profesionales o arriendos, contraviniendo la norma de que la actividad agrícola debe ser el sustento principal del postulante.
- Terrenos sin acreditar: 23 usuarios obtuvieron créditos por $62.155.496 sin demostrar la tenencia legítima de las tierras, figurando en los registros bajo la categoría de “ocupantes” irregulares.
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Vulneración del Registro Social de Hogares y nulo control en terreno
La revisión de los datos socioeconómicos también arrojó severas debilidades de control. El programa exige que los beneficiarios se ubiquen en los tramos de mayor vulnerabilidad (entre el 0% y el 70% según el Registro Social de Hogares). Pese a ello, 8 personas situadas por encima de este rango recibieron $51 millones, mientras que otras 95 —con niveles de ingresos notablemente superiores al tope del 70%— absorbieron más de $503 millones en créditos de fomento.
El descalabro administrativo se complementa con la falta de actualización de las bases de datos: 481 créditos fueron aprobados para personas cuya condición de “pequeño agricultor” fue visada hace más de cinco años, sin que existiera ningún proceso de reevaluación periódica.
Esta falta de rigurosidad se explica, en parte, por el abandono de las fiscalizaciones físicas. De los 566 créditos de corto plazo tramitados en 2024, la Dirección Metropolitana solo ejecutó 36 supervisiones en terreno (un 6%), incumpliendo el mínimo del 10% exigido por sus propios reglamentos internos. Ante el lapidario escenario, la Contraloría ordenó a INDAP congelar y revisar los casos bajo sospecha, ajustar los procesos de asignación e instruir de inmediato un procedimiento disciplinario para aplicar sanciones administrativas a los funcionarios responsables de estas graves omisiones.
Respuestan de Indap
Frente a esto, desde Indap señalaron que “en conformidad con la normativa vigente, INDAP se encuentra elaborando su respuesta formal al ente fiscalizador dentro de los plazos correspondientes”.
Agregando que “en el marco del compromiso institucional con la probidad y el uso adecuado de los recursos públicos, el 14 de mayo de 2026 la institución instruyó el inicio de un procedimiento sumario destinado a investigar los hechos consignados en el informe”.
Frentre a esto, La institución afirma tener una total “disposición a colaborar plenamente con los órganos de control del Estado y a adoptar todas las medidas que resulten pertinentes una vez concluidas las investigaciones en curso”.
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