Carlos Montes descarta sobreprecios en compra de terrenos del Minvu: “La Contraloría nunca habló de eso”
El exministro de Vivienda defendió la gestión de suelo del Minvu y aseguró que el informe de Contraloría apuntó a mejoras de procedimiento.
El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió ante la Comisión de Vivienda del Senado la política de gestión de suelo impulsada entre 2022 y 2026, luego de los cuestionamientos surgidos a partir del Informe N°421 de la Contraloría General de la República.
El exsecretario de Estado rechazó que el documento haya establecido compras de terrenos con sobreprecio y sostuvo que las observaciones apuntaron principalmente a procedimientos administrativos.
“No es verdad que el informe de la Contraloría hable de sobreprecio. Esa palabra simplemente no existe en sus 149 páginas”, afirmó.
Revisa también:
Montes defiende la compra de terrenos bien ubicados
Durante su exposición, Montes aseguró que el informe no remitió antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, lo que —a su juicio— descarta eventuales ilícitos, fraude o perjuicio fiscal. “La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal”, recalcó.
El exministro explicó que las adquisiciones se realizaron con tasaciones SERVIU vigentes y, cuando correspondía, con evaluaciones adicionales. Además, defendió que el Estado haya priorizado terrenos con mejor ubicación urbana, cercanos a transporte, servicios y equipamiento.
“Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero genera una rentabilidad social muchísimo mayor y termina siendo más barato para el Estado y para las familias en el largo plazo”, sostuvo.
Según Montes, la política buscaba evitar que las familias más vulnerables siguieran siendo desplazadas hacia zonas periféricas, donde luego el Estado debe invertir más en conectividad, transporte e integración urbana. Como ejemplo, mencionó experiencias como Bajos de Mena.
El exministro también subrayó que esta estrategia no nació de manera improvisada, sino como una política de continuidad estatal. En esa línea, recordó que comenzó a estructurarse durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y se profundizó bajo la administración de Gabriel Boric, especialmente tras la Ley 21.450.
“El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir”, agregó.
Finalmente, Montes sostuvo que el objetivo era formar un banco de suelo para enfrentar el déficit habitacional de largo plazo. “Lo relevante es que hoy el Estado queda con un banco de suelo de miles de hectáreas, herramientas institucionales nuevas y mejores estándares”, cerró.