Freno del Gobierno en Colonia Dignidad: ¿Por qué no se terminó el proceso de expropiación?

La decisión del Gobierno de frenar la expropiación de terrenos en Colonia Dignidad reabrió el debate sobre una iniciativa que, si bien había sido anunciada como parte de las políticas de memoria de la administración de Gabriel Boric, no alcanzó a concretarse en su fase decisiva ahora con la administración Kast.

Hasta antes del anuncio del ministro de Vivienda, Iván Poduje, el proceso no estaba en etapa de ejecución, es decir, no existía un decreto de expropiación publicado, ni pago de indemnizaciones, ni toma de posesión de los terrenos. Sin embargo, sí había una tramitación administrativa en curso, lo que permite entender que la decisión del Ejecutivo apunta a detener su avance antes de su materialización jurídica.

Un proceso que no llegó a su fase final

Desde el punto de vista técnico, el proceso se encontraba en una etapa previa. Según explicó el abogado especialista en expropiaciones de Expropiados.cl, Felipe Molina, el Ministerio de Vivienda, como órgano expropiante, ordenó no continuar con el procedimiento en su fase administrativa, que considera, entre otros elementos, la designación de una comisión de peritos encargada de fijar el monto de la indemnización.

Tras esa etapa, según Molina, correspondía dictar el decreto expropiatorio y publicarlo en el Diario Oficial, paso clave para que la medida produjera efectos legales. Recién entonces se abría una fase judicial, que incluye la toma del inmueble y el pago provisional, además del derecho de las partes a reclamar el monto fijado.

Dudas y reparos en el mundo político

Durante su discusión, la iniciativa ya había generado cuestionamientos en el Congreso. La diputada Gloria Naveillán, presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara Baja, planteó que no existía claridad sobre el objetivo final de la expropiación y advirtió sobre su impacto en quienes actualmente viven y trabajan en el lugar.

“Hoy día Colonia Dignidad no es lo que fue. La gente que vive y trabaja ahí no tiene culpa de nada”, señaló, cuestionando la idea de expropiar más de 100 hectáreas en un espacio que hoy tiene un uso distinto, y sugiriendo que el proyecto requería una “segunda vuelta”.

Críticas desde derechos humanos: “retroceso grave”

Desde organizaciones de derechos humanos y agrupaciones de víctimas, la decisión fue recibida con fuertes críticas. En una declaración pública, desde la Mesa de Derechos Humanos María Isabel Beltrán, calificaron el freno como una “señal política gravísima” y una “ofensiva negacionista”, acusando que se relativiza el impacto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el lugar.

Asimismo, advirtieron que la medida podría vulnerar compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile, incluyendo acuerdos con Alemania para avanzar en verdad, justicia y reparación.

“Exigimos que el Estado garantice la transformación de este enclave en un sitio de memoria”, señalaron, rechazando que este tipo de iniciativas pueda quedar subordinada a criterios presupuestarios.

Atención internacional y preocupación desde Alemania

El tema también ha generado atención fuera de Chile. Desde el gobierno alemán han reiterado que el esclarecimiento de los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad sigue siendo una prioridad, y han manifestado su respaldo a la creación de un sitio de memoria.

Autoridades de ese país confirmaron que continúan las conversaciones con Chile, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos, y recordaron la existencia de instancias bilaterales para abordar este tipo de materias, como la comisión mixta entre ambos Estados, que se reunió a finales de 2025, y que debe volver a hacerlo en los próximos meses