Durante la mañana de este lunes, se inició el desalojo y desarme del campamento Santa Marta, ubicado en el eje Camino a Melipilla con Pajaritos, en la comuna de Maipú.

El operativo, planificado para dos días, considera una primera etapa de retiro de residentes y pertenencias, y una segunda fase con ingreso de maquinaria para la demolición de las construcciones.

Según lo informado en el lugar, personal de Carabineros de Chile debió derribar un portón improvisado instalado por vecinos para permitir el avance del procedimiento. En medio del operativo se registraron al menos dos personas detenidas, en un contexto marcado por resistencia de parte de algunos habitantes del asentamiento.

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Desde la municipalidad explicaron que se trata de un desalojo administrativo, debido a que el campamento se encuentra emplazado en un bien nacional de uso público y en una zona catalogada como de alto riesgo. Entre los factores mencionados figuran la cercanía con una vía de alto tránsito, además de gasoductos y oleoductos, lo que representaría un peligro permanente para quienes residen en el sector.

De acuerdo con el catastro oficial, en el lugar viven 102 hogares, equivalentes a 375 personas, entre ellas 150 niños, niñas y adolescentes. Autoridades señalaron que varios menores aún permanecían al interior de las viviendas al momento del inicio del desalojo, lo que ha generado preocupación adicional.

El municipio indicó además que 81 familias califican para el plan social comunal, que contempla apoyo en traslado de enseres, ayuda para arriendo, acompañamiento social y respaldo en la postulación a subsidios habitacionales. Sin embargo, sólo cerca de 50 personas se han adherido de manera voluntaria a este programa.

Sin embargo, vecinos del campamento aseguraron que no fueron debidamente informados del proceso y manifestaron su intención de no abandonar el lugar. En ese contexto, una residente aseguró que no se movería del lugar: “Yo me voy a quedar ahí hasta que me tumben con mis hijos adentro”, dijo.

Denuncia a dirigenta

Paralelamente, la municipalidad presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Chile contra una dirigenta del campamento, acusada de cobrar dinero a familias vulnerables prometiendo soluciones judiciales y habitacionales sin sustento legal. Según el municipio, esta situación habría incentivado a algunos residentes a resistirse al desalojo.

Desde la administración comunal reiteraron que no existe acción judicial que impida el procedimiento, al tratarse de un terreno de uso público, y que el proceso continuará con foco en la seguridad del sector y el acompañamiento social a quienes accedan a los programas de apoyo. Mientras tanto, el operativo seguía desarrollándose en relativa calma, aunque con focos de tensión aislados.