Tras polémica de Marcela Cubillos: cinco universidades rechazan entregar nómina de sueldos al Mineduc pese a exigencia de la Ley de Presupuestos

El Ministerio de Educación volvió a tensionar su relación con las universidades privadas luego de que varias instituciones se negaran o entregaran información parcial sobre las remuneraciones de sus académicos y directivos, pese a que así lo exige la Ley de Presupuestos 2025.

El requerimiento surgió tras la polémica por los $17 millones mensuales que en 2024 recibía Marcela Cubillos como docente en la Universidad San Sebastián, lo que abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en casas de estudio privadas.

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El 30 de julio, la Subsecretaría de Educación Superior, liderada por Víctor Orellana, envió oficios solicitando que en un plazo de una semana —luego extendido hasta el 12 de agosto— los planteles detallaran los salarios de su personal, tal como lo establecen las glosas N° 21 y N° 22 del Presupuesto.

La primera glosa indica que “las instituciones de educación superior que se financien en todo o en parte con cargo a estos recursos (…) deberán remitir semestralmente la nómina anonimizada del personal académico y directivo (…) que percibiera ingresos superiores a ocho millones de pesos mensuales”.

5 respondieron parcialmente y 2 no entregaron datos

En tanto, la glosa N° 22 dispone que “semestralmente el Ministerio de Educación deberá informar (…) el detalle de las remuneraciones de cada uno de los integrantes de las instituciones de educación superior, sean estas públicas o privadas, que ejerzan labores docentes y/o de investigación”.

Según datos de la subsecretaría, 32 instituciones respondieron al oficio, aunque con diferencias importantes en la calidad de la información.

Solo 17 cumplieron con la entrega completa; cinco lo hicieron de manera parcial y dos —la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Mayor— contestaron sin aportar datos. Otras tres (Bolivariana, Aconcagua y La República) derechamente no respondieron.

Aunque algunas universidades calificaron la solicitud de “absurda” y pusieron en duda su legalidad, el Mineduc aclaró que no habrá sanciones. Su tarea será sistematizar lo recibido y remitirlo al Congreso, que es el destinatario final de estos informes.