Gobierno ingresa 24 decretos a Contraloría para revocar pensiones de gracia del estallido social
Esta medida administrativa expone cada caso particular que perderá el beneficio y debe ser revisada por Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.
27 de Mayo del 2021/ SANTIAGO Fachada Contraloria General de la República FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO
La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la decisión del gobierno de revocar 25 pensiones de gracia otorgadas a víctimas de lesiones durante el estallido social que tenían condenas por delitos graves o habían recibido el beneficio de manera irregular. El proceso de revocación se concretó con el ingreso de 24 decretos por parte de la División Jurídica de Interior el 19 de febrero, sumándose a un caso anterior entregado a Contraloría la semana previa.
Esta medida administrativa expone cada caso particular que perderá el beneficio y debe ser revisada por Contraloría en un plazo de 15 días hábiles. El ente contralor emitió un informe el 25 de enero evidenciando irregularidades en la entrega de estas pensiones, lo que llevó al Ejecutivo a tomar la decisión de revocarlas.
Entre las irregularidades señaladas por Contraloría se encontraron condenas penales en 58 pensionados, algunos por delitos violentos como abuso sexual y homicidio. También se detectaron expedientes sin antecedentes médicos claros y certificados médicos poco legibles o contradictorios. La falta de validación adecuada de los antecedentes incumplió principios de control y transparencia.
Aunque el INDH pudo subsanar algunos casos objetados, Contraloría ordenó a la Subsecretaría del Interior verificar la existencia de antecedentes complementarios para respaldar los relatos de los postulantes o tomar medidas legales. Se instruyó iniciar procesos disciplinarios para investigar posibles responsabilidades administrativas.
El proceso de revocación de las pensiones se resolverá en dos frentes: uno administrativo, a cargo de Contraloría, y otro penal, investigado por el Ministerio Público, que ya inició diligencias citando a declarar a funcionarios del Departamento de Acción Social, incluida su directora.
