Santiago

La entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales sigue en la agenda del Ejecutivo: este viernes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue más allá y apuntó directamente a su antecesor, Juan Francisco Galli.

La resolución exenta número 16, emanada el 4 de enero de 2022, firmada por Galli y que apuntaba a la entrega de pensiones de gracia “no exigió pedir los antecedentes penales”: “Creo que esa resolución dictada por ex subsecretario Galli no tuvo ninguna mala fe, porque la verdad nunca, en la historia del país, se habían solicitado antecedentes penales para solicitar pensiones de gracia”.

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Siguió: “Esta falencia que hemos reiterado que demuestra que los procedimientos legales y administrativos eran completamente insuficientes para proteger a los Presidentes de la República cuando entregaban pensiones, para no entregárselas a personas con antecedentes penales, es lo que produce que de las 148 pensiones que se entregan durante el gobierno del expresidente Piñera, 21 personas tengan antecedentes penales. Y eso hace que de las 270 pensiones de gracia que se entregan durante el periodo del Presidente Gabriel Boric, 48 tengan antecedentes penales”.

“A la luz de los hechos, me parece razonable de corregir, no debió haber ocurrido”, zanjó.

En ese contexto fue que en 22 de diciembre pasado Monsalve firmó una resolución que modifica la entrega, estableciendo “por primera vez en Chile, que para le entrega de estas siempre deben pedirse los antecedentes penales”.

Contexto de las fuentes

En mayo de 2023, el subsecretario pidió a la división jurídica del ministerio del Interior revisar las 418 pensiones de gracia entregadas en el marco del estallido social, pero dicha revisión podía solo ser de fuentes abiertas. Luego se constituye la comisión asesora que revisa los documentos de entrega. Y esa misma comisión, al hacerlo, “no existe la obligación ni el requisito de los antecedentes penales, por tanto, no tenía por qué pedirla”, explicó el subsecretario.

“En este caso, hay una instrucción precisa de revisar la eventual revocación o dejar sin efecto las pensiones de gracia a personas con antecedentes penales. Esa información se transforma en indispensable para la comisión revisora”, acotó más tarde.

El informe que Interior recibió de Contraloría y que tenía el carácter de confidencial fue el 21 de septiembre. Luego, “en la resolución del 4 de enero de 2022, se establece en el punto 2 una serie de antecedentes que tienen que estar una revisión de antecedentes para la entrega de pensiones de gracia, entre ellas la ficha de postulación, el consentimiento informado, los antecedentes personales y médicos, y la certificación del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos). Toda esa información la pide el ministerio del Interior. Los antecedentes médicos los pide el INDH, por tanto, esos están en la carpeta del INDH”, explicó.

Hacia el final, aclaró: “El certificado del INDH que entrega es muy explícito, que dice que el INDH en virtud de todos los antecedentes ha llegado a la convicción de que las lesiones de las personas producidas en el marco del estallido social, donde detalla la fecha y el lugar en que se produjo, tiene la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral. Eso dicen todos los certificados. Lo que ha cuestiaonado la Contraloría es que, en 19 casos, considera que los antecedentes provistos por el INDH en la carpeta no son suficientes para verificar ese menoscabo. De esos 19 casos, el INDH ya entregó antecedentes complementarios en 9 casos. En esos 9 casos, la Contraloría recibió los antecedentes y levantó als observaciones. Por tanto, son 10 casos en los cuales la contraloría mantiene la posición que los antecedes médicos contenidos en la carpeta del INDH no son suficientes. Para ese efecto, entiendo que el INDH, con fecha 5 de enero, de nuevo ha respondido a Contraloría respecto a los 10 casos; con fecha 12 de enero hemos recibido los antecedentes por parte del INDH que están en revisión en estos momentos para ser incorporados en la respuesta que debemos entregar a Contraloría, con plazo 8 de marzo”.

Costos políticos

La oposición ha llamado a asumir costos políticos por el caso. Ante esto, Monsalve respondió:

“Si fuera por los antecedentes penales, la pregunta es quién tiene que pagar los costos políticos, porque el inicio de los procesos de la entrega de pensión y las primeras pensiones de gracia que se entregan a personas con antecedentes penales no se entregan en este Gobierno. Es importante ser justo en las críticas. Hemos tratado de ser súper prudentes porque están involucrados dos Presidentes de la República que firmaron decretos para personas que tenían antecedentes penales en un caso tan grave como el caso de pornografía infantil, pero también como una persona que había sido condenada por abuso sexual de menor que fue entregada en el Gobierno anterior. Ninguno de los dos Presidentes fue protegido adecuadamente, porque las normas chilenas que siempre habían regido nunca habían considera la petición de antecedentes penales para la entrega de pensiones de gracias”.