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‘Pensiones de gracia’: INDH habría advertido en 2022 al Presidente Boric su falta de facultades para acreditar lesiones

“La inclusión de nuevas funciones y atribuciones representa un riesgo para la autonomía del INDH”, dice parte del oficio.

7 de Mayo del 2020/ SANTIAGO
Detalle de la placa en el edificio del INDH, la cual vive una crisis interna y paro de sus funcionarios.

Fotos: JOSE FRANCISCO ZU„IGA/ AGENCIAUNO

7 de Mayo del 2020/ SANTIAGO Detalle de la placa en el edificio del INDH, la cual vive una crisis interna y paro de sus funcionarios. Fotos: JOSE FRANCISCO ZU„IGA/ AGENCIAUNO

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Hace pocos días, la Contraloría General de la República emitió un informe donde evidenció una serie de irregularidades en los procesos de selección, otorgamiento y pago de las pensiones de gracia en el marco de las protestas de octubre de 2019.

En ese contexto, este viernes, La Tercera reflotó un oficio enviado en septiembre de 2022 al presidente Boric, de parte de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde le advertía que no podían seguir acreditando los daños acusados por los postulantes.

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Por medio del presente tengo a bien informarle sobre la imposibilidad que asiste al Instituto Nacional de Derechos Humanos para efectuar la acreditación del padecimiento de ‘menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo’ en víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, que solicitan al Presidente de la República acceder a pensiones de gracia”, señala el documento, según consignó La Tercera.

En el mismo texto, Contreras indicó que si bien el INDH puede acreditar la condición de ‘víctimas de violaciones a los derechos humanos’, sus facultades no le permitía “aplicar lo mismo para las consecuencias físicas derivadas de esos hechos (...) el Instituto no cuenta con las capacidades técnicas ni expertise en la materia para poder acreditar circunstancias de esta índole”.

Según la publicación, la directora del INDH aseguró que “la inclusión de nuevas funciones y atribuciones por medio de cuerpos legales distintos a la ley 20.405, como la Ley de Presupuesto, representa un riesgo para la autonomía del Instituto, toda vez que impone obligaciones no establecidas por la ley que le rige”.

Fuentes del citado medio aseguran que el oficio no tuvo respuesta desde la casa de Gobierno.

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