Cárceles en Chile

La situación en Ecuador remeció a la región: de alguna forma, las razones que llegaban desde allá para entender los motines en los centros penitenciarios, las fugas de reos extremadamente peligrosos, y el conflicto entre el Ejército y bandas de crimen organizado, apuntaban a un debilitamiento institucional en muchos niveles, advertido hace años.

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Francisco Cox (abogado, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los cinco expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México; el único chileno que ha litigado ante la Corte Penal Internacional; socio de BCP; experto en criminalidad compleja) dice que es difícil comprar países porque las realidades son distintas, pero al menos entre Chile y Ecuador se pueden trazar líneas. Este martes, en ADN Hoy, lo presentó así:

“Chile tiene una institucionalidad más fuerte que Ecuador, en el sentido del sistema penal. Había estudios antiguos que daban cuenta de posible corrupción dentro del sistema penal. Es difícil comparar una situación con la otra”.

¿Chile puede llegar a eso? “Que podemos llegar, claro, uno puede llegar a eso o a situaciones peores. Pero si nosotros enfocamos bien las medidas, se puede evitar llegar a situaciones como esas”, respondió.

La llegada del crimen organizado internacional, la nueva fenomenología del crimen (aumento de los homicidios con armas de fuego perpetrados por personas que no conocían a las víctimas, por ejemplo), los delitos cometidos en los centros penitenciarios o la corrupción de los Gobiernos locales harían pensar sobre síntomas de un problema mayor. Para Cox, es algo para no minorizar, pero “echo de menos en el discurso de las personas a cargo de las investigaciones y seguridad es el foco en torno a la penetración del crimen organizado en las instituciones públicas. Cualquier persona que sabe algo del crimen organizado sabe que no se expande si no es corrompiendo a las instituciones públicas, y en los distintos ámbitos: a nivel local, pero a nivel policías, que muchas veces detienen a las bandas contrarias, lo que les abre el espacio a la otra, o le consolida a la banda que controla el territorio. El foco que echo de menos es cómo estamos frente a la cooptación del crimen organizado”.

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Siguió luego: “Vemos miembros activos del Ejército que ofrecen por Facebook armamento de guerra; algunos funcionarios policiales caen por vínculos con grupos de drogas. Pedí por acceso de información al Ministerio Público que me diera el número de funcionarios públicos de agencias (Carabineros, Policía de Investigaciones, funcionarios de Aduanas, de Fuerzas Arnadas, Gendarmería) formalizados o condenados por Ley de Drogas y Ley de Armas y el Ministerio Público no tiene segregada esa información, lo que es preocupante”.

Sin ese criterio, las investigaciones internas quedan como únicas, no como un fenómeno. Aunque, al menos, a juicio del abogado, un valor es que “tenemos un Poder Judicial autónomo, independiente, fuerte; lo mismo con el Ministerio Público, que toma decisiones de forma autónoma; no se ha sabido de casos de fiscales o acusados que estén siendo cooptados por bandas del crimen organizado. Esas son buenas noticias”.

Cárceles

En Brasil y en el oriente hubo una articulación del crimen organizado desde los centros penitenciarios. En Chile, en el norte, solo por poner un ejemplo, han crecido las personas privadas de libertad de origen extranjero. Un diagnóstico que marca “la importancia de segregar bien, separar; tener el control de las cárceles por parte del Estado, no de los presos; y evitar que se articulen desde las cárceles”, aseguró Cox. Y luego prosiguió: “Hay que poner recursos. Es lo que lamentablemente la ciudadanía no entiende y cada vez que se destina más recursos a las cárceles, sale el tema de cuánto cuesta un preso, que se gana el sueldo mínimo, etc. Pero en realidad hay que segregar y darle recursos del Estado a las cárceles y parece no ser muy popular”.

Así las cosas, los cárteles en el territorio no son un caso ajeno: “Hay casos de veces que se intentó usar a Chile como lugar de permanencia o paso. El cártel de Sinaloa quiso enviar droga desde puerto chileno a Rotterdam, Europa, que es bastante lucrativo en términos de droga”.

La razón: “Chile se encuentra en un lugar atractivo. Pensar que está muy lejos de nosotros es ingenuo: las ventajas económicas de Chile, que exportemos mucha fruta, los containers de drogas, etc.”.

El estado “de paso” es atractivo, teorizó Cox, “en un momento”, el que luego serviría para que se instalten algunos grupos y como consecuencia, “se empiezan a producir las disputas territoriales que hacen que aumenten los homicidios. De hecho, si se consolida un grupo, disminuyen los homicidios. El grupo instalado ‘no quiere calentar la plaza’, como se dice, o llamar la atención de la policía. El ser de paso no significa que no se consolide”.

Y no son solos sustancias ilícitas. Al menos de ello dio cuenta el Brooking Institute, que mostró que “el Cartel de Jalisco exportaban peces exóticos a China. Por eso el Estado debe estar a la altura: poner el foco en la cooptación de funcionarios públicos, lo que asegura el paso de la droga, la consolidación de los grupos y la ciudadanía sufre las consecuencias. Y ojo, la ciudadanía termina acomodándose: dicen que al menos aquí hay una gobernanza, aunque sea criminal, donde empiezan a tomar el control en todo sentido de la palabra, no solo por el temor, sino por las lealtades de la ciudadanía”.

Surgen de aquí dos temas: los narcofunerales, que es un tema que llama la atención de Cox, pues es “cuando la policía escolta a la persona homenajeada y que está vinculada al narco. Me llama la atención cómo se produce ese diálogo”. Y lo otro: Peso Pluma.

Sobre esto último, planteó: “Lo llamativo es que órganos del Estado vinculados a una instancia promuevan una cierta cultura. ¿Eso lo promoverá más aún? No lo sé. Pero hay que tomar en cuenta que eso da cuenta de una situación que existe. Lo de ethos o cultura puede tener un efecto, una admiración porque se accede al auto, la zapatilla, pero creo que no es el principal problema, porque si se tapa, es una realidad que da cuenta de su sector social. Hay que hacernos cargo de ese punto”.