Ministro (s) Monsalve anuncia ingreso de mociones parlamentarias para revertir pensión de gracia tras polémica entrega a condenado por saqueo

Quienes viven en Chile sienten que la inseguridad está desatada: lo mostró la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que mostró que el 90,6% de los consultados percibieron que la delincuencia aumentó en el país. Desde la fundación Paz Ciudadana matizaron el número: si la pregunta se hace a nivel comunal, la percepción baja; y más todavía si es a nivel de barrio.

Así las cosas, los indultos, como el que se entregó a Luis Castillo, quien fue considerado un reo peligroso, parecieran ser una señal que no aporta a la misma percepción. A ello se suma el caso de Luis Fuica, de 42 años, que según una publicación de Ex-Ante, recibió una pensión de gracia de 1,7 ingresos mínimo no remuneracionales, pese a haber sido condenado por robo en lugar no habitado: fue detenido el 22 de octubre de 2019, saqueando un supermercado, mismo día en que habría recibido perdigones que, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lo hirieron en el cuello, con carácter de “mediana gravedad”.

Las pensiones de gracia son “algo que genera mucha polémica”, dijo de entrada al abordar el tema el ministro (subrogante) del Interior, Manuel Monsalve, la mañana de este jueves en ADN Hoy.

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Luego, puso en contexto que es un beneficio que se entregó incluso en la administración anterior, liderada por el expresidente Sebastián Piñera, pero que con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se consideró a las víctimas del estallido social de octubre de 2019.

Lo explicó el ministro (s) Monsalve: “Son entregados en el marco de una glosa, que está en la Ley de Presupuesto que establece las condiciones para entregarla”.

En ese sentido, para el caso de las víctimas del estallido, se pone como condición “que tengan un informe del INDH y que ese informe sea hecho llegar al ministerio del Interior. Esas personas van a ser beneficiarias de una pensión de gracia”.

En la misma línea, Monsalve aseguró que “es (parte de la) Ley de Presupuesto, una glosa que fue aprobada por el Congreso y que respetó, tanto el Gobierno del presidente Pinera como de este Gobierno”.

“Tanto en esa ley, como en la de pensiones de gracia, nunca en la historia del país se ha solicitado los antecedentes penales de esas personas. Le ocurrió al presidente Piñera, que entregó 14 o 17 pensiones a personas que tenían antecedentes penales, y también nos ocurrió a nosotros, que seguimos rigurosamente el reglamento que establecía el mecanismo de entrega de estas pensiones y que no establecía, ni la ley, ni el reglamento, tener a la vista los antecedentes de estas personas”, acotó.

Luego desarrolló que “nosotros solo le entregamos pensiones de gracia a víctimas del estallido de acuerdo a los requisitos que estableció la glosa, que implicaba tener un informe del INDH. Nadie que no tuviera ese requisito recibió pensión de gracia. Cumplimos lo que aprobó el Congreso. Si cumplir estas normas es suficiente para lo que el país espera, tendría que decir que no”.

No obstante lo anterior, el titular (s) de Interior adelantó que en la primera semana de enero se presentarán dos indicaciones a mociones parlamentarias que se están tramitando en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados: una, que dé la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas, previa a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia; y la segunda, la facultad legal para revocar la pensión de gracia. “Nunca en Chile se ha revocado la pensión de gracia”, explicó.

Aunque en el debate jurídico se entiende la revocación como derecho adquirido, “queremos entregar certeza jurídica. Muestra la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido”, cerró el ministro (s).

Finalmente, en cuanto a las señales, puso en cifras el apoyo a Carabineros: la compra de 54 vehículos policiales al año, la adquisición de 1.500 armas automáticas en 2023 y las 4 mil que se esperan para 2024, además de “sacar adelante” un proyecto de ley para mejorar las capacidades de la PDI.