Santiago

A comienzos de año, la opinión pública se sorprendió con la presentación desarrollada por la contralora (s) Dorothy Pérez ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por posibles irregularidades en la organización, ejecución de obras y financiamiento de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

En dicha instancia, detalló las 11 inspecciones de obras públicas y auditorías financieras que se realizaron entre 2022 y 2023, instancia por la cual la Contraloría General de la República reclamó la no rendición de aproximadamente 194 mil millones de pesos, el 31,5% de los dineros utilizados en aquel período.

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En su minuto, desde la Corporación Santiago 2023, su director ejecutivo, Harold Mayne-Nicholls, descartó mayores problemas, asegurando que “las observaciones van rindiendo y evidentemente disminuyendo los montos; por lo tanto, no nos sentimos en falta en ese sentido”.

Esta semana, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados entregó sus conclusiones, en las cuales se descartaron irregularidades, retrasos o deficiencias en la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Los principales argumentos a favor del desarrollo de Santiago 2023

En el texto, al que tuvo acceso ADN Deportes, se plantea que hay “una serie de cuestionamientos, los cuales se han podido despejar a raíz de las exposiciones y antecedentes entregados por los diversos actores”.

Respecto a uno de los temas investigados, como la proyección de recursos y las acusaciones de sobreprecio en licitaciones, la Comisión Investigadora justificó los aumentos de presupuesto en cerca de 153% respecto a los datos iniciales, ejemplificando con el Parque Estadio Nacional en que “es natural que los contratos sufran modificaciones, en especial estas obras, que fueron concebidas durante un periodo de incertidumbre vivido a nivel mundial, provocado por la irrupción del COVID-19 y su extensión en el tiempo”, junto con asegurar que “el crecimiento del monto de los contratos entre su inicio y su actual condición (en proceso de recepción) se establecen entre 31 al 36%, cuyo crecimiento se explica principalmente por el efecto inflacionario en el periodo 2021 al 2022″.

En cuanto a la rendición de los montos, acreditaron que “existen procedimientos en cursos y plazos vigentes para realizar las rendiciones”. A modo de ejemplo, en el caso del Proyecto Cerrillos “resulta clave mencionar que se acreditó durante el desarrollo de la Comisión que se transfirieron menos recursos que los pensados inicialmente. En concreto, M$6.499, y la entidad cuenta con un plazo vigente para rendir a mayo 2024. En el caso de la Corporación Santiago 2023, para obras de mejoramiento/reposición de infraestructura (M$1.783), cuentan con plazo vigente para rendir a febrero del presente año”.

Al margen de lo anterior, la Comisión Investigadora defiende el rol de la Contraloría General de la República en torno a los sumarios ya instruidos al Instituto Nacional del Deporte por eventuales negligencias en retrasos e incumplimientos de obras realizadas, Sin embargo, cuestiona las acusaciones iniciales de Dorothy Pérez, evidenciando un cambio de postura cuando, cinco días después de su presentación, “señala de forma expresa que no se entendían perdidos los dineros y que se había generado una mesa de trabajo entre el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deportes y la Contraloría General de la República”.

En el mismo tono, critican que haya derivado antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, asegurando que dicho proceso “resultaría pertinente al cierre integral del proceso, previsto para junio del presente año 2024, en el evento de que la entidad privada mantenga, a esa data, fondos sin rendir u observaciones del Instituto Nacional del Deporte sin responder.

El único tema pendiente por zanjar pasa por la contratación por parte de la Corporación Santiago 2023 de personas a honorarios, lo cual derivará en causas judiciales posiblemente pagadas con recursos públicos. Sin embargo, dicha materia no es parte del mandato a la Comisión Investigadora, pues dichas contrataciones tampoco se consideran “actos de gobierno”. Aun así, se critica el desarrollo de una Corporación de derecho privado para organizar los Juegos Panamericanos, aludiendo a que “debe ser una práctica erradicada a la luz de las normas y principios que rigen el Derecho Administrativo, la función pública y el correcto uso de recursos públicos”.