De qué trata y cuáles son la funciones de la polémica “Comisión Asesora contra la Desinformación”

La Comisión Asesora contra la Desinformación es una entidad creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, con el objetivo de asesorar en el análisis del fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local. Esta comisión es de carácter temporal y está compuesta por académicos y profesionales.

Las funciones de la comisión incluyen:

• Recomendar medidas que contribuyan al
• desarrollo de la política pública
• sobre la base del análisis de la relación entre la
• desinformación y el debilitamiento
• de la democracia.
• Asesorar técnicamente la participación del Ministerio en el Hub de Desinformación de la OCDE
• y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia.
• Elaborar informes de actividades que
• contengan las propuestas o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamient
• o, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas.
• La comisión está presidida por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y está integrada por r
• epresentantes de universidades estatales y privadas, ONGs, fundaciones, la sociedad civil y organizaciones de fact-checking.
• Los integrantes de la comisión ejercen sus funciones ad-honorem y su desempeño no implica la creación de un cargo público.

La comisión se reúne en las fechas determinadas por su presidente, en las dependencias del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en la ciudad de Santiago o en otro lugar, y sus sesiones pueden ser presenciales, telemáticas o híbridas.

La comisión cuenta con una Secretaría Técnica, la cual coordina y registra las sesiones de la comisión, apoya el trabajo de la comisión en materia de solicitudes y recopilación de información, síntesis de discusiones, redacción de documentos, entre otras funciones.

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Las críticas a la comisión:

El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, señaló que “todos queremos medidas contra la desinformación, pero para ello se pueden tomar medidas mucho más concretas y eficaces. No sé cuánto aporte la Comisión, habría que ver resultados. Pero es muy claro que serviría mucho más aprobar la Ley de Transparencia 2.0, que permite a toda la ciudadanía tener más información oportuna y fidedigna sobre las materias de más relevancia pública, y por alguna razón se trabó en el Congreso».

«Me parece positivo también la voluntad declarada de transparentar el gasto del Estado, directo e indirecto, en avisaje y publicidad, y que ha sido tantas veces postergada. Es decir, plata que el Estado le entrega a los mismos medios que deben informar y ejercer control sobre el poder, porque la relación dinero, poder y medios de comunicación, puede prestarse a pésimas prácticas«, agrega Leturia.

Por su parte, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, manifestó: «Nos parece de la mayor gravedad que el gobierno institucionalice una comisión para definir si las opiniones en los medios de Comunicación o en las redes sociales son adecuados o no. Nosotros nos preguntamos quién establece la verdad, quién establece cuál es la forma correcta de expresarse o si no se ofende a otro».

El jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, manifestó que «me parece pésimo, el camino para combatir las fake news es tener mejores medios (…) Estas son el tipo de instituciones que lo que buscan es limitar la libertad de expresión. Acá se busca que existan verdades oficiales y las verdades oficiales se oponen a la democracia, en democracia no hay verdades oficiales, no hay un discurso único, no hay una sola forma de ver las cosas. En democracia se permiten los errores y, si lo son, la Constitución y las leyes establecen sanciones. En democracia la censura no es previa, sino que uno se hace responsable de sus actos ex post y si yo dije una mentira, entonces están los tribunales».

La presidenta y senadora de Demócratas, Ximena Rincón, planteó que «seleccionar un grupo de personas al gusto del Gobierno de turno para decidir cómo ejercer estas libertades, es abiertamente restrictivo. La regulación de estas libertades y derechos civiles y políticos fundamentales, son materia de ley. Para avanzar, hace varios meses presentamos un proyecto de ley sobre difusión de contenidos falsos. Esperamos que el Gobierno haga lo suyo y envíe donde corresponde sus propuestas para ser discutidas», consigna Emol.