Acusación constitucional contra la ministra Siches: cuáles son los pasos a seguir y plazos que quedan

El próximo lunes comenzará a sesionar la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, presentada por diputados del Partido Republicano. 

Cabre recordar que, tras el sorteo, la comisión revisora quedó conformada por los diputados Christian Moreira, de la UDI, los independientes (con cupos de oposición) Natalia Romero, Fernando Bórquez y Christian Matheson, siendo María Candelaria Acevedo (PC) la única representante oficialista en la instancia.

«La comisión va a recibir invitados requeridos por los distintos miembros de la comisión, como también de la parte acusadora. La ministra va a tener 10 días hábiles para poder dar respuesta a esta acusación. Una vez hecho eso, nosotros vamos a tener seis días hábiles para poder resolver, a través de los argumentos entregados mediante una votación, y esa va a ser la recomendación de la comisión ante la sala», explicó Moreira.

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La bancada del Partido Republicano presentó la acusación el pasado 15 de junio: un texto de 161 páginas que solo tuvo el apoyo de sus propios militantes. 

Cristóbal Urruticoechea, jefe de bancada, hizo un emplazamiento al resto de los parlamentarios de oposición:

«Aprovecho de mandarle un mensaje a Chile Vamos: tienen que entender que lo que ha sucedido en el país en los últimos años tiene responsabilidad de su parte. Y si ellos no quieren enmendar su rumbo, si no quieren entender que la política es funcional al ciudadano y no a una oposición política, entonces estamos en un grave problema. Pero tengan seguro una cosa: el Partido Republicano está acá por los chilenos y por Chile, y no tendremos ningún problema en sacarlos a la palestra todas las veces que sea necesario por defender a los chilenos».

El foco de la acusación está en el rol de la ministra por la situación en la macrozona sur del país y el estado de las violencias que allí se registran.

De acogerse la admisibilidad de la propuesta y resultar aprobada, luego, en el Senado, la ministra enfrentaría la destitución del cargo y se le impondría la inhabilidad para el ejercicio de otros puestos públicos por un plazo de cinco años.

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