Más de cien despidos en el Hospital de Ovalle, 61 en el de Valdivia y decenas de camas UCI cerradas en todo el país: las demoledoras cifras de la crisis de la salud pública en Chile

61 funcionarios a honorarios fueron desvinculados del Hospital base de Valdivia, en la región de Los Ríos. La medida tiene como contexto el fin de la alerta sanitaria por covid-19. Según Irma Catrilaf, presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital, eran todos trabajadores que cumplínas funciones en las Unidades de Cuidados y de Tratamientos Intensivos (UCI y UTI, respectivamente).

A ello se sumó el cierre de 18 camas críticas, «lo cual es un tremendo retroceso a la gestión hospitalaria de la región, considerando que no tenemos otras camas críticas de los Servicios de Salud de la región«, dijo la dirigenta gremial.

Catrilaf fue más allá: proyecta un impacto «respecto a las personas que se atienden de la región y de otras regiones: somos el centro de referencia oncológica de Araucanía a Magallanes; somos segundo centro de trasplante de médula ósea. Son procedimientos de bastante riesgo que requiere camas críticas». Agregó otro dato: la reciente inauguración de un angiógrafo, que «descarga» pacientes a camas críticas.

Finalmente, la lista de espera del hospital es «de las más largas a nivel país y los pacientes de cirugías requieren camas críticas»: «No estamos en la misma condición de otros servicios de salud».

Este mes se terminan 91 contratos, afectando mayormente a la parte pediátrica: 12 camas cerrarán. En tanto, en el sector adulto, se proyecta el fin de 20 camas de servicio de medicina adulta, junto a algunos flujos de urgencia. «Los estudios de brecha se han enviado, pero al parecer la autoridad, a través del ministerio, no ha considerado la realidad local (…) Hay una interpretación errónea de la información y no se da el énfasis territorial de las características de la región de Los Ríos», cerró.

Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud

La Fenpruss no ha podido constatar el alcance de la medida, en particular en su sector. Aldo Santibáñez, presidente de la federación, puso en contexto el estado de la salud: apelando al aviso de 30 días, han podido, en algunos casos, extender los términos de contrato hasta mediados de octubre. Hay otros, como los Servicios de Salud del Biobío y de Arauco (y con la idea en Atacama de replicarlo), que han resuelto seguir con los honorarios al menos hasta diciembre, siempre en función de la situación presuestaria.

En la misma línea, Santibáñez relató que en el Servicio de Salud de Coquimbo se despidieron alrededor de 120 personas, lo que afectó principalmente al Hospital de Ovalle: fueron kinesiólogos, tecnólogos médicos, nutricionistas, todos del área de hospitalizados y sus pacientes que pueden ser víctimas de los efectos del covid. En O’Higgins, en particular en Rengo y San Bernardo, se ha cesado el contrato de enfermeras, terapeutas ocupacionales que también veían casos de covid prolongado.

¿La decisión de los directores de los Servicios de Salud pasa por sobre la postura del Gobierno central? Respondió Santibáñez: «En el Senado les pregunté a los representantes del ministerio de Salud para retrotraer a Atacama y Arauco. Ellos dijeron que era complejo que no acaten, pero si está dentro de la legalidad, el ministerio no hará nada en contra de eso. La legalidad se refiere quizás a lo presupuestario».

«Se lo estamos montrando a directores de servicio para que tomen esa decisión. Entendemos que servicios tienen reuniones con directores. Entendemos que Talcahuano también lo está haciendo. Hasta el 15 de agosto, prácticamente todos los servicios mantenían a sus trabajadores. Cambió por instrucción del ministerio de Hacienda. Algunos estaban dentro del presupuesto, otros en deuda, pero la deuda siempre ha estado en el área de la salud», añadió.

Así las cosas, la posibilidad de un paro total «es una opción», pero la actitud es la de «buscar un diálogo político con el ministerio de Hacienda. Lo estamos buscando para que ocurra. Lo que él (el ministro de Hacienda, Mario Marcel) señaló es que instruyó mantener a la mayor cantidad de personas en lo presupuestario».

La respuesta del Presidente Boric

Desde la región de Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric respondió a las demandas de los funcionarios movilizados: “Lo que están pidiendo cuesta $50 mil millones, ¿de dónde sacamos eso?”.

La tercerización, contó Santibáñez, por su parte, sería incluso más costoso: «Sin duda, no solo porque sería una afectación en las personas, sino que es más caro. Tenemos un estudio en el Servicio de Salud de Magallanes donde la tercerización salía por lo menos 27% más caro. Es un dato de la causa: la tercerización es más cara para el sistema, además tiene un impacto sanitario también, porque la calidad de la contratación de esas personas no está en el Servicio Público, sino en empresas privadas. Ahí hay un problema de idoneidad de las personas que llegan al sistema».

«Nosotros no mantenemos en movilización. Creemos que fue un buen paro, una adhesión importante en todo el país, pero a la luz de las conversaciones, que han sido positivas con los directores de servicio, mantenemos la idea de mantener las movilizaciones y las conversaciones y si podemos hacer lo que hicimos en el Biobío, evaluaremos la continuidad de un paro», cerró el líder gremial.