Presidenta de la Comisión para la regulación entre fundación, corporaciones y el Estado: «El sistema presenta ciertas debilidades»

La Comisión para la Regulación entre Fundaciones, Corporaciones y el Estado está a mitad de camino: este lunes, el grupo llevó a cabo la cuarta reunión, de un total de aproximadamente ocho encuentros (son 45 días de trabajo desde el pasado viernes 14 de julio, momento de su génesis). María Jaraquemada, titular de la Comisión, aseguró que aspirarán a realizar un balance semanal y en ese sentido, detalló el camino recorrido hasta ahora.

Por el grupo han pasado distintas «instituciones«, como también «colaboradores«, quienes han expuesto a fin de entender «cómo funciona el financiamiento de estas corporaciones y fundaciones cuando prestan servicios públicos en todo sistema de transferencias del Estado».

Así, destacó, por ejemplo, el Gobierno Digital y de Integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), quienes apuntaron sus recomendaciones «para tratar de preservar la autonomía e independencia que tienen que tener estas fundaciones y coporaciones, que son claves en el desarrollo democrático, pero también para que haya más transparencia y rendición de cuentas cuando reciben recursos del Estado».

Para esta jornada están programadas exposiciones del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), la subsecretaria de Hacienda y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En la semana, en tanto, se espera la exposición de otras organizaciones. No obstante ello, a la fecha han recibido al rededor de 40 propuestas de la ciudadanía, la academia y otros grupos, que «estamos considerando en el proceso»: «Estamos procesándolas, pero apuntan a cómo debieran transparentar estas organizaciones el financiamiento que reciben y también cómo el Estado pudiera actuar de mejor modo».

Primeras luces

Pese a lo prematuro que pudieran ser las conclusiones, Jaraquemada aseguró que el traspaso de cuantiosos montos de dinero estatal a instituciones privadas «depende de la entidad». Por lo mismo, se apunta a «uniformar formatos» y que «la información se pueda transparentar a la ciudadanía».

Se bosqueja así «tener un sistema, no sé si único, pero algo que converse de mejor modo. Muchas veces esta dispersión dificulta no solo el trabajo de la sociedad civil, sino también el control de Contraloría e incluso la Cámara de Diputados. Se pueden modernizar los procesos, los registros y mucha de la información que quizás se tiene desde el Estado se pueda disponibilizar de mejor manera para la ciudadanía y los medios de comunicación».

«Hay mucha dispersión de normativa y hay muchos sistemas. Efectivamente, puede ser que esto puede ocurrir en otras particiones. Pero hay que dejar claro: no toda transferencia de recursos necesariamente implica que haya una defraudación. Pero sí, el sistema presenta ciertas debilidades que pudiera prestarse para que personas o instituciones pueda abusar de él», añadió.

Como característica, apuntó a que «muchas veces esa misma institución no requiere garantía. Es un tema relevante de establecer: que el Estado pueda transferir cuantiosos recursos públicos a una institución sin que dé garantía, Es importante determinar, porque muchas veces el sistema de transferencias funciona distinto al sistema de compras públicas».

«Una buena respuesta es generar cambios, pero además hacer las investigaciones necesarias. Y si hay infracciones, haya sanciones contundentes, pero también generar cambios institucionales para que en el futuro al menos esto se dificulte bastante y quienes quieran abusar del sistema tengan que ingeniárselas con bastante más sofisticación para poder hacerlo», cerró la presidenta.