Exfiscal Gajardo por rol del Ministerio Público en «casas narco»: «Fue un error de la fiscalía meterse, no debió entrar en una discusión del ámbito político»

La primera señal del fiscal nacional, Ángel Valencia, tras la cuarta demolición de una «narco casa» en la comuna de La Florida fue la apertura de un sumario para conocer el traspaso de información del Ministerio Público a la municipalidad. Luego, aseguró que la institución que dirige debe «continuar colaborando con los municipios, con la comunidad». 

Esa señal podría ser una dicotomía, un llamado a la colaboración mientras se indaga en esa misma colaboración. Es uno de los puntos en los que puso el foco el abogado y exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, en ADN Hoy la mañana de este viernes.

«Es una acción que se puede calificar de populista, que mira al efecto más que al resultado concreto, pero hago el punto que no es un tema nuevo en Chile. Tuvimos una actividad del alcalde (de Las Condes, Joaquín) Lavín, que iba mucho tiempo en esta línea: él tuvo la política de instalar drones en Las Condes, fue a la Corte, que le dio legalidad; también tuvo idea de dotar de electroshok y gas pimienta a los guardias municipales.  No es novedoso que un alcalde esté utilizadno estrategias novedosas en materia de dleincuencia para intentar posicionarse. Es la política de toda la vida. Me parece correcto que este debate se dé en sede política: si es buena medida o no, si es efectista o efectiva. Creo que fue un error de la fiscalía meterse en este baile; debió haber hecho su pega y no entrar a tallar en una discusión que está más en el ámbito político más que el jurídico».

Luego, profundizó en las decisiones de Valencia: «Que el fiscal nacional haya entrado en esta polémica fue innecesario y las declaraciones de ayer en la tarde lo reconocen de alguna manera. Dicho eso, me parece que la reacción del alcalde (de La Florida, Rodolfo) Carter es totalmente desproporcionada: hablar que recibió un balazo por la espalda o algo semejante es absolutamente desproporcionado. Lo entiene en la lógica de posicionarse, pero hay que tener un poco más de respeto por las autoridades. Estamos ante un fiscal que se está recién instalando, en una institución bien desprestigiada tras la administración (del exfiscal Jorge) Abbott. Todos los actores debiéramos tener mayor respeto para que las instituciones vuelvan a tener mayores confianzas de la ciudadanía».

Con todo, Gajardo destacó la coordinación entre las instituciones (el «principio de coordinación» existente en el derecho público), lo que «es una buena práctica». Además, la información que la fiscalía entregó a la municipalidad fue oficial, «no por debajo de la mesa»: «La información se entrega mediante un correo institucional del Ministerio Público al correo institucional de la municipalidad. En ese correo va copiado el fiscal jefe de la fiscalía de alta complejidad. Es algo que se hizo por canales institucionales y conocimiento de la jefatura».

Pero ¿cómo se llega a los domicilios demolidos? «Lo que se dice es el domicilio de personas que han sido formalizadas por la Ley 20.000 y la formalización es una comunicación en una audiencia pública ante el juez de garantía. No hay ningún secreto. Lo que hace la fiscalía es sistematizar la información y enviarla a la municipalidad. Al fiscal no se le puede hacer ningún reproche, sino que por el contrario, está actuando proactivamente, en coordinación con el municipio y haber decretado la instrucción de un sumario es un error, no solo por la absolución del fiscal sumariado y por tanto, sin ningún efecto; pero sí se produce un efecto, porque esto es una señal que en definitiva produce que inhibe a los fiscales a actuar en un futuro«.

El exfiscal advierte que con esto, cuando los fiscales quieran interactuar con otras autoridades, «lo van a pensar dos veces. Es una mala señal, va en contra de lo que debiera promoverse que es el trabajo colaborativo entre las autoridades».

Lo claro es que hay legalidad en el actuar del alcalde Carter, pues ejecuta una acción amparado en la Ley General de Urbanismo y Construcción (Ley del Mono) en base a procesos judiciales por la Ley de Drogas. Pero el cruce «genera un espacio de error, una equivocación en que las personas que estén viviendo no tengan ninguna vinculación. Por eso los procedimientos penales, cuando ordenan el comiso de la propiedad, su estandar probatorio es más alto. Uno tiene que terminar probando que el tercero del domicilio está al tanto del delito. Actuar de esta manera es legal, pero se puede afectar a personas que no tengan que ver con el delito».

En cuanto a la efectividad del combate al narcotráfico, explicó Gajardo: «Tengo mis severas dudas: si uno lo mira en el macrosistema, que uno demuela la casa de una persona vinculada al narcotráfico, me parece que no mueve la aguja en lo absoluto en el combate contra la delincuencia y el narcotráfico, en lo objetivo. Sí puede tener un impacto en lo subjetivo, en la sensación que se hace algo importante para atacar al narcotráfico. Cuando uno analiza la delincuencia, tiene que preocuparse de dos fenómenos distinto: lo objetivo, el número de delitos; y lo subjetivo, la percepción de seguridad e inseguridad que siente la ciudadanía. Por las encuestas, a la ciudadanía le parece positivo el atacar a personas vinculadas al narcotráfico. En la utilidad, objetivamente, no significa ningún avance, pero creo que puede tener un impacto positivo en dar un mensaje que se actua con mayor rigor, pero como todo mensaje, debe ir acompañado de cosas de fondo, más sustantivas, donde el trabajo lo tienen que hacer la fiscalía y las policías».