Fundador del Partido Republicano pide al TC declarar «inconstitucional» a la Coordinadora Arauco Malleco
La acción presentada por los abogados Antonio Barchiesi (republicano) y Ronald Von Der Weth podría despojar de derechos políticos a los integrantes del grupo.
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Los abogados Ronald Von Der Weth y Antonio Barchiesi (quien fue uno de los fundadores del Partido Republicano) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el Órgano de Resistencia Territorial (ORT) Lafkenche y los ORT Wenteche Katrileo y Nagche, para declarar a las organizaciones como «movimientos insurgentes» y, de ser el caso, se prive de derechos políticos a sus miembros y se dicte su disolución por ser inconstitucionales.
El argumento «angular» de los juristas está en una cita al libro Chem ka Rakiduam («Pensamiento y acción de la CAM»). En él, la Coordinadora expone su relato, estrategia y proyección, y se reconocen «a sí mismos como una ‘organización clandestina con capacidad militar’, y asumen un accionar directo en contra del Estado de Chile'», según cita La Tercera.
En el requerimiento, Von Der Weth y Barchiesi señalan que el libro demostraría «una lucha anarquista que busca, a través de mecanismos violentos, la división territorial de Chile y la destrucción de la institucionalidad en la zona de conflicto», pues estarían allí «la declaración de principios y la amenaza a nuestro Estado de derecho que fundamenta la declaración de inconstitucionalidad».
«En efecto, la CAM reconoce en su libro que, la lucha en sus inicios tuvo el carácter de una acción eminentemente colectiva, pero que por la maduración ‘desfavorable del contexto político’, su accionar ahora es planificado y ejecutado por grupos reducidos con mayor preparación político-militar que actúan efectivamente en la clandestinidad y con rigurosos métodos de seguridad”, se les cita en el matutino.
Pablo Urquizar, el excoordinador de la macrozona sur durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, presentó dos solicitudes de pronunciamiento ante el TC, las que fueron declaradas inadmisibles en su momento.
Y si bien los abogados reconocen una forma de actuar por parte del Ejecutivo, la intervención del Tribunal sería frente a un «vacío» en la «estrategia nacional para hacer efectiva la presencia del Estado» en esa parte de territorio.
“Afirmamos que el Estado de Chile se encuentra bajo amenaza permanente por grupos subversivos e insurgentes, que aunque con demandas que, muchas veces puedan ser legítimas en su origen, han decidido renunciar a todo tipo de diálogo institucional para la solución pacífica de los conflictos sociales, utilizando mecanismos poco convencionales, violentos, inconstitucionales y antidemocráticos que no sólo atentan contra los ciudadanos e instituciones, sino que también amenazan la integridad del territorio y la unidad nacional, fomentando banderas de lucha violenta y la división autonómica”, versa el texto.
Para probar la tesis, solicitaron oficiar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a Gendarmería, al ministerio del Interior, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI).
